En un territorio limitado como el de Mallorca, que históricamente sufre una presión urbanística salvaje, los límites al desarrollo son comúnmente aceptados, porque al menos hay en ellos una intención justificada por la preservación del medio ambiente y el interés general, ese viejo fin de la política que era el bien común. No obstante, si hablamos de la nueva Ley de Urbanismo del Govern, que entró en vigor el pasado 1 de enero sin previo aviso, hay que añadir también una crítica a la inseguridad jurídica que ha provocado, las dudas que la interpretación del propio texto genera entre sus propios impulsores y el grave perjuicio económico que ha causado en más de seis mil propietarios.
En primer lugar, no resulta ejemplar que entre en vigor una ley de este calado y consecuencias sin que Govern, consells insulars y ayuntamientos hagan llegar a los propietarios y a la población en general una explicación de las consecuencias de su aplicación, más allá de una filtración al Colegio de Arquitectos, que aceleró la presentación de licencias de sus clientes. Enhorabuena al Govern por sus inexistentes aclaraciones y a los grupos de la oposición en el Parlament por seguir en la inopia, ni se leyeron el texto ni las consecuencias de su aplicación les interesaron.
En segundo lugar, ni siquiera los impulsores del texto se ponen de acuerdo sobre su verdadero alcance. Para unos, las licencias presentadas con anterioridad del 1 de enero dan carta blanca para construir si reciben el visto bueno municipal. Para otros, siguiendo la doctrina del Supremo, se establece una retroactividad de tres meses al no contar la ley con un periodo de transitoriedad, es decir, las solicitudes no aprobadas y presentadas en ese plazo no pueden validarse. Mientras tanto, miles de pequeños propietarios han visto cómo sus casas de campo se han depreciado de la noche a la mañana y ahora todavía no saben a qué atenerse.
