El PP cargó ayer con dureza contra la presidenta del Govern, Francina Armengol, tras el dictamen del Consell Consultiu que rebaja la reclamación electoral a los populares de 153.322 euros a solo 7.195. Para el Partido Popular esta rebaja de la reclamación es una sonora "bofetada" al Pacto y a Armengol. Todo se remonta a la campaña electoral del 2007, con Jaume Matas al frente, en la que la Sindicatura de Cuentas advirtió de que los populares habían cobrado una subvención electoral indebida a raíz de que las sentencias del caso Scala (Colacao) condenaron a dirigentes del partido por delito electoral.

El secretario general del PP de Balears, Toni Fuster, acusó ayer a la presidenta Armengol de "mentirosa" por asegurar "en los últimos meses que a su formación le habían condenado a pagar por vía judicial 153.000 euros por la campaña electoral de 2007". El dirigente del PP se amparó en el dictamen del Consell Consultiu que rebaja ostensiblemente las pretensiones del Govern en cuanto a la cuantía económica a reclamar.

Acto seguido, Fuster exigió a Armengol y a todo el Pacto de Izquierdas que dejen de "engañar a los ciudadanos y usar las instituciones públicas para hacer daño al PP". El secretario general popular también le pidió a la presidenta Armengol que se dedique a "fiscalizar la acción dentro de su propio Govern, ya que en dos años llevamos varios casos de corrupción", aseveró en claras alusiones a Més y a los contratos con su jefe de campaña Jaume Garau.

Toni Fuster consideró que la rebaja de la cantidad a reclamar por parte del Consell Consultiu supone una "bofetada a todo el Govern de Armengol por solicitar 153.322 euros y al final el dictamen solo habla de 7.195 euros".

De igual modo, el secretario general del PP de Balears señaló que desde la Justicia no se ha comunicado "nada formalmente respecto a esta subvención y cuando lo haga un juez nosotros colaboraremos con la Justicia, como hemos hecho siempre". "No existe ninguna resolución judicial que indique que el partido debe devolver dinero", apostilló Fuster.

La controversia sobre la cantidad exigida, según el PP, es una cuestión que abunda en que la reclamación del Govern "no tiene sentido y se ha iniciado con el claro objetivo de atacarnos políticamente". De hecho, esta cuestión ha sido utilizada por todos los partidos del Pacto de Izquierdas como arma arrojadiza hacia el PP.Sindicatura de Cuentas

Por otra parte, la Sindicatura de Cuentas se puso ayer a disposición del Govern para aclarar la controversia sobre la cuantía de la reclamación. Hay que recordar que el Govern se basaba en un informe de la contabilidad electoral de la propia sindicatura para reclamar los 153.322 euros a los populares.

El síndico mayor, Joan Rosselló, se mostró dispuesto a estudiar el dictamen del Consultiu y "validar o no la cantidad" sobre la que el Ejecutivo formule una solicitud; en todo caso, recordó que al margen de lo que estime la Sindicatura "todo el procedimiento de reclamación corresponde a la Administración autonómica". El Govern ya anunció el lunes que pediría un informe a la Sindicatura para saber la cantidad exacta a reclamar a los populares ante la controversia creada con el dictamen del Consell Consultiu.

Hay que tener en cuenta que el informe de la Sindicatura de Cuentas que fijaba los 153.322 euros cobrados indebidamente por el PP de subvención electoral estaban extraídos de sendas resoluciones judiciales de la Audiencia Provincial donde sentenciaba que el PP había cometido un delito electoral. Era el llamado caso Scala, también conocido como caso Colacao, donde por una parte el cuñado de Jaume Matas y entonces gerente del PP, Fernando Areal, pagó en negro 41.000 euros a una empresa de publicidad. Asimismo, se condenó al PP por haber utilizado medios públicos del Instituto de desarrollo Industrial (IDI) para editar y distribuir en Eivissa y Formentera la propaganda electoral.

El Consultiu considera que solo se pueden reclamar un 10% de los pagos indebidos y tan solo de la propaganda referida a las elecciones autonómicas, no de las municipales. Muchos folletos de Eivissa eran para las locales.