El juez Juan Manuel Sobrino ha citado a declarar, en calidad de investigados, a seis integrantes de la junta rectora del consorcio Bolsa de Alojamientos Tur
Además de Delgado, el juez ha citado a Segismundo Morey, que actuó en la junta rectora como representante del Consell de Mallorca. También se cita a Josep Aloy, antiguo coordinador general de la Agencia de Turismo de Balears; a Joana Ana Perelló, que representaba a la dirección general de la conselleria de Economía; a Neus Lliteras, de la conselleria de Agricultura; a Joaquín Legaza, que era el secretario general de la conselleria de Turismo, y a Ginés Díaz, que actuaba en representación de la federación de Comercio del sindicato Comisiones Obreras. Todas estas personas tendrán que declarar asistidos por abogado.
Al mismo tiempo, aunque como testigos, el juez también ha citado a otros representantes que formaban parte de dicha junta, pero que no estuvieron presentes el día que se aprobó la operación Rocamar. Se trata de Antonio Copete, representante del sindicato UGT; Inma Martínez, representante de sa Nostra; Inmaculada Benito, de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, y Margalida Ramis, presidenta de la Agrupación de Cadenas Hoteleras.
El juez está investigando si el Govern pagó un sobrecoste de casi 600.000 euros por este edificio y que el beneficiado fue la familia de un alto funcionario de la conselleria de Turismo. La conselleria rechazó un estudio técnico, firmado por un perito externo, que valoró el edificio de Sóller muy por debajo del precio que finalmente pagó el Govern para adquirir el inmueble abandonado.
