La reciente puesta en marcha del juzgado de lo social número 5 de Palma supondrá que siete jueces se afanen en paliar los atrasos que, desde hace años, afectan a los juzgados laborales de Mallorca. Actualmente se están señalando juicios con unos 18 meses de demora entre la interposición de la demanda y la vista oral.
Social 5 ha nacido gracias a la transformación del juzgado de lo penal 9 de Palma, que hasta ahora se dedicaba a agilizar la también saturada ejecución de sentencias en esa jurisdicción.
La creación del nuevo juzgado no supondrá, de momento, la retirada de los refuerzos que se habían implantado para desatascar los cuatro antiguos juzgados de lo social. En los últimos meses esta jurisdicción ha contado con un juzgado bis de apoyo (con funcionarios y secretario) y un juez "transversal" que también dictaba sentencias de los cuatro juzgados.
Los juzgados de lo social de Balears (los cuatro de Palma, más los únicos de Ciutadella e Eivissa) resolvieron en 2016 (último año del que se cuentan datos de todo el ejercicio) 6.725 asuntos, de los que 30 fueron por conflictivos colectivos, 5.337 demandas individuales de trabajadores y 1.358 pleitos contra la Seguridad Social.
Todo este tipo de asuntos, entre los que destacan despidos, sanciones disciplinarias, reclamaciones de cantidad contra las empresas, incapacidades y diferencias sobre subsidios a cuenta de la Seguridad Social, sufren en la actualidad demoras que rondan los 15 meses (se señalan vistas para marzo del 2019).
Los retrasos provocan muchas disfunciones a los justiciables, máxime si están pendientes de la resolución para percibir algún subsidio, pensión o cantidad.
La saturación no afecta a la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Balears, que en septiembre del año pasado tenía pendientes 203 causas. Este tribunal, no obstante, arrastra desde su creación la falta de un tercer magistrado (solo está dotado de dos jueces), disfunción que se suple con jueces de otros destinos.
Los juzgados de lo social tenían pendientes de resolver a mitad de año 7.165 demandas, retrasos que tras el verano (y el parón vacacional de agosto) subieron a 7.618 demandas.
Esto da una idea de la elevada carga de trabajo que arrastra esta jurisdicción y de la necesidad de la habilitación del juzgado de lo social 5 de Palma.
Fuentes jurídicas han explicado que los juzgados de lo social experimentaron un aluvión de demandas coincidiendo con los años más duros de la crisis económica. Sin embargo, y aunque la recesión parece haberse superado, las causas pendientes no han disminuido en los últimos años.
Tres meses en sacar juicios
En el tercer trimestre se registraron 1.545 nuevas demandas y se resolvieron 1.067. Las fuentes mencionadas han señalado también que social 5 tardará unos tres meses en señalar los primeros juicios, dado que hay que tramitar las demandas y cumplimentar las pruebas necesarias, entre ellas dictámenes de los forenses si son precisos.
Por otro lado, la anterior titular de penal 9 no ha ocupado social 5 y se ocupará de sacar adelante las ejecuciones penales que el desaparecido juzgado tenía pendientes. Esa magistrada deberá decidir qué funcionarios de lo social 5 le ayudan a esa tarea pendiente.
Los abogados, procuradores y ciudadanos particulares que acuden a la antigua sede de Penal 9 en Vía Alemania se encuentran con un cartel informativo que les remite a social 5, en el edificio de sa Gerreria.
El cartel finaliza con un "disculpen las molestias", que no sirve para paliar el enfado de algunos despistados con la transformación.
Juzgado de ejecutorias
El juzgado de lo penal 8 se queda así como único órgano para agilizar el cumplimiento de sentencias, donde hace años había un considerable colapso que provocó incluso la prescripción de algunas sentencias. De momento ese cometido correrá a cargo de tres jueces (el titular y el de refuerzo de penal 8 y la antigua de penal 9), aunque solo habrá una secretaria. El servicio de ejecutorias ha perdido funcionarios con la marcha de los de penal 9, pero se confía en que se le dote de algunos interinos.
Otra área de la Justicia que está especialmente saturada de asuntos es la jurisdicción contencioso-administrativa, que falla demandas contra Administraciones, especialmente Ayuntamientos y asuntos de extranjería. La idea es que los cuatro juzgados de lo contencioso de Palma cuenten cada uno con dos jueces este año.
