El juez del juzgado de instrucción número 1 de Palma ha citado a declarara para el próximo día 14 de febrero, a las diez de la mañana, al exconseller de Turismo del Govern, Carlos Delgado, para que responda en calidad de investigado por el caso Rocamar. Esta decisión del juez responde a la petición planteada por la fiscalía, que sospecha si el Govern, desde la conselleria que dirigía Delgado, pagó un sobrecoste de casi 600.000 euros por la compra del antiguo edificio del hotel Rocamar, que estaba en ruinas. Una operación de la que se sospecha que se benefició la familia del que era jefe del área de inspección de la conselleria.
La fiscalía ha pedido la declaración de todos los componentes de la junta rectora del consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos, que en la reunión que se celebró el día 12 de julio de 2012 se aprobó la compra del abandonado hotel de Sóller. Anticorrupción señala que investiga si se han cometido hasta cuatro delitos, que son prevaricación, tráfico de influencias, fraude a la administración y malversación de dinero público. Esta junta aprobó dicha operación, a pesar de que existía una peritaje técnico, realizado por un experto contratado por la misma conselleria, que calculaba a la baja la compra del hotel, puesto que establecía que el dueño debía asumir el coste de la demolición, que una vez realizada la operación de compra, tuvo que asumir el Govern.
Entre la lista de personas que deben comparecer ante el juez el próximo mes de febreo figura Josep Aloy, coordinador de la agencia de Turismo de Balears; Segismundo Morey, representante del Consell de Mallorca; Joana Ana Perello, representante de la dirección general de Economía; Neus Lliteras, representante de la conselleria de Agricultura; Ginés Díaz, que representaba al sindicato Comisiones Obreras y Joaquín Legaza, exsecretario general técnico de la conselleria de Turismo.
Como testigos se cita al sindcalista Antonio Copete, Inmaculada Benito, exrepresentante de la Federación Hotelera y a Margalida Ramis , expresidenta de la Agrupación de Cadenas Hoteleras. Estas tres personas deberán declarar el próximo día 12 febrero, es decir, dos días antes de que lo hagan los políticos.
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