Més quiere que el Parlament apruebe una proposición no de Ley que impida que salgan adelante iniciativas políticas como algunas de las impulsadas por Ciudadanos en cuestiones lingüísticas que son "contrarias al Estatut d'Autonomía balear", según explicó ayer el portavoz parlamentario de Més, David Abril. Aunque en el texto de la propuesta no se menciona a Ciudadanos, el motivo de la presentación de esta iniciativa se debe en gran parte a sus acusaciones de adoctrinamiento en las aulas de Balears en el contexto del proceso independentista catalán.

Para sacar adelante su propuesta Més ha presentado un borrador con su iniciativa a los otros partidos del Pacto con el fin de consensuar un texto, que previsiblemente tendrá cambios en la redacción inicial, en especial en el punto que se insta al Parlament a "rechazar todas aquellas iniciativas políticas que, además de promover el odio, sean contrarias a la letra y espíritu" del Estatut, ya que esto podría afectar a la libertad de expresión de los grupos parlamentarios.

En su propuesta, que lleva como título "contra la confrontación, recuperar grandes consensos", Més insta también a los diputados de Balears a "trabajar desde el consenso en torno a las grandes cuestiones que afectan a nuestra Comunidad y sus habitantes", entre ellas "la necesaria protección de la educación y de la lengua y cultura propias como herramientas fundamentales de cohesión social".

Alimentar el fascismo

Abril sostuvo que el objetivo es "recuperar consensos en lugar de promover iniciativas que incitan y normalizan el odio, como las que últimamente presenta Ciudadanos, recuperando el espíritu unitario de los años 80 que hizo posible, por ejemplo, la Ley de Normalización Lingüística". Añadió que no se pretende "coartar la libertad de expresión, pero tampoco puede ser que desde un cargo público se haga de altavoz" de iniciativas que acaben "normalizando comportamientos fascistas y división social".

Més afirma en su propuesta que "determinadas iniciativas y pronunciamientos públicos y privados cuestionan reiteradamente la propia lengua y cultura y la escuela como un instrumento de integración social y de garantía de igualdad", lo que supone "posicionamientos contrarios no sólo a la pacífica convivencia ciudadana" sino también al Estatut que recoge " la necesidad y el deber de proteger la lengua, la cultura y la educación". Añade que "la naturalización de estas declaraciones y proposiciones" por parte de representantes políticos, "a menudo cargadas de odio e intereses políticos y electorales ajenos a nuestras islas", alimenta "el peor fascismo latente en nuestra sociedad".