Las magistradas de la sección primera de la Audiencia de Palma Gemma Robles y Rocío Martín tramitarán las dos recusaciones que las defensas del caso Cursach, la presunta trama de corrupción en torno al empresario de la noche del mismo apellido, a políticos del PP y a agentes de las Policías Locales de Palma y Calvià, han presentado contra el magistrado instructor Manuel Penalva.

Las recusaciones han correspondido a la sección primera de la Audiencia y versan sobre la causa principal del caso Cursach y una pieza separada abierta contra un rumano acusado de presionar a testigos protegidos.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Balears, las dos magistradas se encargarán de tramitar los incidentes y han sido elegidas dentro del turno de recusaciones de la Audiencia Provincial. Ni Robles, ni Martín, que formó parte del tribunal del caso Nóos y fue ponente de la sentencia del caso Scala, formarán parte de las salas que decidan si Penalva debe apartarse de las dos causas y dejar que otro juez, presumiblemente Miquel Florit, acabe las pesquisas de esta macrocausa.

Solo pruebas incriminatorias

Los abogados mantienen que Penalva ha perdido la imparcialidad al instruir el caso de forma sesgada y buscando únicamente la incriminación de los imputados. También le acusan de aleccionar a testigos protegidos, en especial la conocida como la Madame, a la que el magistrado mandó mensajes telefónicos que él dice eran de ánimo y apoyo y los abogados valoran como una clara contaminación.

Los incidentes de recusación son el colofón de una enorme tensión entre algunos de los letrados defensores de las decenas de imputados en el caso Cursach y el juez Penalva y el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán.

Según algunos abogados, los dos investigadores estarían contaminados al "tener amistad íntima o enemistad manifiesta con algunas de las partes", por un lado, y "tener también interés directo o indirecto en el pleito o causa".

Sin embargo, la recusación solo ha sido formulada contra Penalva, aunque también se ha solicitado desde determinados ámbitos próximos a Cursach el apartamiento del caso de Subirán.

Las alegaciones contra el instructor del caso más convulsivo de la reciente historia judicial de las islas han venido precedidas de una querella contra Penalva y Subirán por un rosario de delitos, imputaciones efectuadas por los letrados Vicente Campaner y José Ignacio Herrero.

La sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears, a la que correspondió la querella por el carácter de aforados de Penalva y Subirán, rechazó a principios del mes pasado investigarlos. La querella no fue admitida a trámite.

En el auto de inadmisión, sin embargo, se dejó abierta la puerta a cuestionar la supuesta pérdida de imparcialidad de los investigadores vía recusaciones o mediante alegatos antes de la vista oral.

Los mensajes a la Madame

Querella y recusaciones alegan que Manuel Penalva aleccionó a la Madame, conocida también como la testigo 31, mediante mensajes de telefonía móvil. Esta testigo, empero, ha negado recientemente haber sido manipulada por magistrado y fiscal.

Penalva se ha opuesto a su recusación en un escrito de casi 200 folios. El juez niega todas las acusaciones de pérdida de imparcialidad y denuncia la catarata de amenazas, daños, acosos y lesiones a los investigadores y los testigos, a los que ha buscado amparar en todo momento.