Las peticiones de las empresas constructoras han sido finalmente escuchadas y el Govern ha incluido en la Ley de Urbanismo de Balears una disposición transitoria que flexibiliza los plazos en los que los Ayuntamientos debían poner en marcha los proyectos de dotación de alcantarillado en las urbanizaciones de chalés que no lo tuvieran y cuyo incumplimiento mayoritario había supuesto una paralización de licencias en esas zonas.

En un primer momento, se aprobó una prórroga que fijaba para los Consistorios la fecha límite del pasado 20 de agosto para redactar el proyecto de instalación de la red de saneamiento en las urbanizaciones de unifamiliares. El caso más emblemático es el de Son Vida, en Palma. De no hacerlo, se prohibía la concesión de licencias para construir nuevos chalés en esos puntos.

El problema es que la mayor parte de los Consistorios mallorquines, Palma entre ellos, no cumplió con ese plazo límite, lo que según la patronal constructora supuso la paralización de cientos de viviendas unifamiliares que hasta ese momento hubieran podido construirse legalmente.

La asociación de constructores de las islas formuló una propuesta al Govern que éste ha aceptado e incorporado a la Ley de Urbanismo. Aquellos Ayuntamientos que aprueben el proyecto de alcantarillado a partir del 1 de enero de este año y antes de que el 20 de agosto de 2019 concluya el siguiente plazo (en el que esas obras deben de estar acabadas), podrá volver a dar licencias para la construcción de chalés en esas urbanizaciones.

Satisfacción empresarial

La gerente de la citada patronal isleña, Sandra Verger, expresa su satisfacción por la decisión del Ejecutivo autonómico, pero no oculta su pesimismo respecto a la posibilidad de que la mayoría de los Ayuntamientos incumplidores hagan un esfuerzo para ponerse al día.

En este aspecto, se muestra enormemente crítica con unas Administraciones que vulneran la normativa sin sufrir consecuencias, frente a las penalizaciones que se aplican sobre los particulares cuando se saltan la legalidad.

Por su parte, el director general de Ordenación del Territorio, Luis Corral, destaca que el único objetivo de esta flexibilización de las fechas límite es el de impulsar a los Consistorios para que pongan en marcha esa dotación de alcantarillado, al considerar inaceptable que se sigan asumiendo riesgos de contaminación de terrenos y acuíferos.