El juez Manuel Penalva ha contestado al intento de la mayoría de los abogados del caso Cursach, con el apoyo de la fiscalía, de intentar apartarle de la investigación al proponer su recusación. Y lo ha hecho asegurando en un escrito que no ha perdido en ningún momento la imparcialidad, ni tampoco tiene ningún interés personal sobre determinados investigados.

El magistrado ha redactado un escrito de casi 200 folios para convencer a la Audiencia de que, si bien ha podido cometer algún error, ha sido inducido por las maniobras, que califica de "ilegales", de algunos abogados, a los que ha acusado directamente de presentar pruebas falsas y de inducir a los testigos, con propuestas económicas, para que le acusen a él y al fiscal Subirán de haberles coaccionado para montar pruebas falsas.

Penalva detalla todos los episodios violentos que han venido padeciendo tanto los testigos como los propios investigados, que han sufrido amenazas y coacciones.

Justifica el juez los mensajes telefónicos que mantuvo con la madame, la conocida testigo número 31 y justifica esta comunicación en un intento de darle ánimo y de arroparla, después de que la mujer hubiera sido amenazada y agredida en su propio domicilio.

El juez asegura que la organización criminal, refiriéndose al grupo Cursach, ha utilizado la coacción, la intimidación y la recompensa económica para conseguir que los testigos mientan y que ahora digan, sin ser cierto, que fueron coaccionados.

El juez cuestiona que estos testigos están desamparados por el Estado, ya que no se les ofrece ninguna protección. Al contrario, se ha permitido que algunos abogados hayan desvelado la identidad de estos testigos a través de mensajes en las redes sociales, lo que ha puesto en peligro la integridad física de estas personas.

También critica el juez las manifestaciones que se han celebrado y que han sido organizadas por uno de los abogados vinculados a Cursach. E insinúa que estos manifestaciones públicas podrían suponer incluso un delito de sedición.

Sobre su supuesta pérdida de imparcialidad que alegan las defensas, el juez recuerda que cuando un magistrado dicta un auto de apertura de juicio oral, en la mayoría de casos, también dictaría una sentencia condenatoria, y que la condena de un investigado no es más que la demostración de un trabajo bien hecho y que, en definitiva, se ha hecho justicia, sin que ello implique ninguna animadversión personal contra ninguno de estos investigados.

El magistrado está dispuesto a entregar a la Audiencia toda la secuencia de los mensajes que ha tenido con la madame cuyo único propósito, aclara el juez, ha sido la de animarla y consolarla ante una situación desesperada "a la que la han abocado los investigados y su entorno".

Por ello, justifica que tanto el juez como el fiscal le facilitaran su teléfono particular, dado que la mujer estaba siendo amenazada y no se le podía proporcionar protección.

Penalva insiste en que, en todo caso, se trata de una comunicación privada y en un contexto muy concreto, que define de excepcional.

El juez reconoce que estos mensajes "pueden ser poco estéticos", pero se realizaron en un clima de confianza y apoyo a "una testigo protegida, que está angustiada", y que ella ahora ha traicionado la confianza que se le dio.

El magistrado asegura que si esta situación se volviera a producir, volvería a actuar del mismo modo, ya que recuerda que su obligación es la de proteger a los testigos y, sobre todo, "por simple humanidad y empatía".