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Rocamar

El fiscal pide la imputación de Carlos Delgado por la compra del Rocamar

Anticorrupción quiere interrogar al exconseller de Turismo que aprobó la compra del ruinoso hotel en el Port de Sóller

El exconseller de Turismo, Carlos Delgado, en una rueda de prensa en la sede del PP. guillem bosch

La fiscalía Anticorrupción ha presentado ante el juez una lista de nombres de personas, algunos de ellos antiguos altos cargos, para que sean citados a declarar como imputados en la investigación del caso Rocamar. El listado responde a la petición del juez Juan Manuel Sobrino, que pidió a la fiscalía si estaba interesada en practicar nuevas diligencias antes de dar por concluida la instrucción, en la que se investiga si el Govern pagó un sobrecoste de más de 600.000 euros por la compra de este ruinoso hotel del Port de Sóller.

La respuesta de la fiscal Ana Lamas ha sido pedir la imputación formal de Carlos Delgado, dado que la operación de compra se impulsó y aprobó en la época en la que él dirigía la conselleria de Turismo y presidía la empresa pública que aprobó dicha compra. Además de Delgado, también se solicita la imputación formal del exalcalde de Sóller y actual jefe de la Demarcación de Costas en Balears, Carlos Simarro, para que explique el encuentro que tuvo con el entonces director general de Turismo, Jaime Martínez, durante una visita al edificio que terminó en el domicilio particular del exjefe de la inspección turística, José Francisco Ensenyat, cuya familia se benefició económicamente de dicha compra financiada con fondos públicos.

El juez está investigando si varios funcionarios de Turismo se concertaron para beneficiar a su compañero Ensenyat, al rechazar una valoración elaborada por un perito externo, que realizó un cálculo mucho menor a la cantidad final por la que el Govern compró este edificio. El técnico, si bien calculó que el inmueble tenía un valor aproximado de un millón de euros, defendía que había que descontarle la factura de la demolición. De esta forma, aconsejaba no pagar más de 260.000 euros por el edificio en ruinas.

Funcionarios investigados

A pesar de que este informe beneficiara los intereses del Govern, la conselleria de Turismo, bajo la dirección de Carlos Delgado, lo rechazó. Se ordenó a tres funcionarios (todos ellos imputados) que realizaran un nuevo informe. Los trabajadores de la Conselleria concluyeron que se debía pagar casi un millón de euros, alegando que no existía sobre el inmueble una declaración formal de ruina, a pesar de que el edificio llevaba décadas abandonado por su mal estado. Lo que no señalaba el nuevo informe es que el precio que se establecía coincidía con el préstamo que había recibido el propietario de la familia Ensenyat, en concreto de los padres del jefe de la inspección. De esta forma, en el momento que el dueño del inmueble cobró, directamente pagó el dinero a la familia Ensenyat, recibiendo el jefe de la inspección una de las partes.

En el cheque no se descontaba el precio de la demolición del edificio. Al contrario, la conselleria de Turismo tuvo que abonar después derribar el inmueble, que costó cerca de 600.000 euros. No solo el juez Sobrino sospecha que el Govern pagó dos veces esta demolición, sino que también lo señalaban los jueces de la Audiencia, en un auto por el que se rechazó levantar la imputación a los tres funcionarios de Turismo que realizaron el cuestionado informe. La petición de la fiscalía Anticorrupción todavía no ha sido resuelta por el juez, pero todo apunta que será aceptado.

Tasación sin visita previa

No es Delgado el único conseller de Turismo que se ha visto salpicado por este caso de corrupción. También está imputado su sucesor en el cargo, Jaime Martínez, debido a que desde la empresa pública que dirigía impulsó la compra del edificio y aceptó el precio que señalaba el informe de los funcionarios, cuestionado por el juez. Se da la circunstancia de que uno de los funcionarios reconoció en su declaración judicial que había realizado la valoración del inmueble sin haber realizado una visita a Sóller para poder observar el estado del inmueble. Se limitó a informar diciendo que no existía una valoración oficial de ruina, lo que justificó que el Govern descartara el informe del perito privado, experto en tasaciones inmobiliarias, que sostenía que el propietario del Rocamar era quien debía asumir el coste del antiguo hotel del Port de Sóller.

Las más que previsibles citaciones de Delgado y Simarro como imputados no se producirán hasta el próximo año.

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