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Turismo

Salom impidió el recurso de Madrid contra la ley del alquiler turístico

El Estado remitió en junio al Govern una batería con más de 10 aspectos que cuestionaban la normativa - El Ejecutivo balear desmontó la ofensiva utilizando un informe de enero en que Delegación del Gobierno aseguraba que "se ajusta a derecho"

Salom impidió el recurso de Madrid contra la ley del alquiler turístico

El pasado mes de junio el Govern recibió una batería de objeciones a la Ley del Alquiler Turístico que estaba en plena tramitación en el Parlament. Fue un escrito elaborado por el Ministerio de Economía y Competitividad que apuntaba: "Cabe cuestionar que esta norma introduce modificaciones que dificultan considerablemente la posibilidad de comercialización de determinados modelos de alojamiento que han venido funcionando en los últimos años". Estas críticas del Estado son previas a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, el Govern le contestó con un escrito para rebatir sus argumentos y la principal baza fue que en enero había recibido un informe de Delegación del Gobierno donde apuntaba: "vista la legislación vigente, se considera dicho anteproyecto de ley conforme a derecho".

Tras recibir el escrito del Govern, Madrid decidió no presentar recurso de inconstitucionalidad. El informe de la Delegación del Gobierno que dirige María Salom, dando el visto bueno a la Ley del Alquiler Turístico, pesó mucho para esta decisión. Desde el Govern aseguran que la incongruencia habría sido de enormes consideraciones si el ministerio de Economía y Competitividad decide poner una cuestión de inconstitucionalidad después de que Delegación de Gobierno asegurara en un informe que "vista la legislación vigente se considera dicho anteproyecto de ley conforme a derecho".

Este beneplácito de la institución que dirige María Salom ha sido fundamental para que Madrid desistiera de sus pretensiones de llevar ante los tribunales al Govern por la polémica Ley del Alquiler Turístico. El informe de Delegación de Gobierno con María Salom al frente, entienden en el Govern, dejaba con las manos bastante atadas a Madrid para proceder a la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Entre las cuestiones que Madrid apuntaba como cuestionable de la norma autonómico destacaba que se podría producir una "penalización de determinados formatos de alojamientos turísticos". En este apartado, la conselleria de Turismo que dirige el vicepresidente Biel Barceló le recordaba al Gobierno central que el texto del anteproyecto de ley habla de "viviendas, no alojamientos turísticos". En este sentido explica que lo único que hace la norma es la eliminación de excepciones a la necesidad de aportación de plazas turísticas. En concreto, Turismo les recuerda que la nueva ley "expande las posibilidades de comercialización turista" como es el caso de las viviendas plurifamiliares, que hasta la fecha estaban prohibidas.

Madrid ponía en duda que sean los Consells insulares los que elaborasen instrumentos urbanísticos y zonificaran los enclaves donde se pueda desarrollar la actividad del alquiler turístico y que también se puedan poner techos de plazas turísticas. El Govern les rebate estos argumento apuntando que las limitaciones de plazas turísticas ya está recogido en el ordenamiento jurídico de Balears desde el año 1998. También les recuerda que es preciso acometer una regulación urbanística de un tema tan capital como es la actividad turística en zonas residenciales. Por ello, les recuerdan a Madrid que las competencias en regulación urbanística y territorial en nuestra comunidad autónoma están trasferidas a los consells.

El ministerio de Economía y Competitividad también cuestionaba la exigencia de contadores individuales de agua. El argumento del Govern para rebatir esta cuestión es que es una cuestión ambiental, energética y a una calidad mínima del alojamiento.

El Gobierno central también cuestionaba de forma importante la necesidad de que para el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares se tenga que contar con una autorización de la comunidad de propietarios. En este apartado desde la conselleria de turismo tuvieron que realizar un amplio argumentario para convencer al Estado: "El acuerdo favorable de la junta de propietarios obedece a la necesidad de proteger todos los derechos que pueden entrar en conflicto y se podría alterar el derecho a la intimidad o al derecho a la seguridad de los residentes", explicaba el documento remitido a Madrid. Ponía como ejemplo de que se pudiera la paradoja de que la mayoría de propietarios quisieran prohibir la actividad y la voluntad de solo un vecino pasara por encima a la de todo el colectivo.

La exigencia de una antigüedad mínima de cinco años de la edificación para destinarla al alquiler turístico tampoco era del agrado del Ministerio. Sin embargo, Turismo le recuerda que se trata de una "exigencia de carácter urbanístico, en el sentido que al tratarse de una comercialización turística de viviendas se pretende que previamente haya habido una consolidación para evitar una actividad constructiva de viviendas destinadas al uso turístico".

Madrid también exigió al Govern que notificara la ley a la Unión Europea por si tenía algo que decir. Turismo le recordó que lo haría una vez aprobada.

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