El presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, y antiguo consejero de la desaparecida Sa Nostra, limitó ayer ante la Audiencia Nacional el alcance de su responsabilidad en unas operaciones inmobiliarias de la citada caja de ahorros, realizadas entre 2005 y 2011 y que son investigadas por un presunto fraude superior a cien millones de euros. De forma paralela, exconsejeros de la entidad financiera pedirán al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz su desimputación del sumario.

Roses y otro exmiembro del consejo de administración, el político ibicenco José Marí, defendidos por el letrado Fernando Mateas, prestaron declaración ayer ante Pedraz y el fiscal encargado del caso. Los investigadores del caso Sa Nostra han interrogado en las últimas semanas a la antigua cúpula directiva y a casi todos los componentes del consejo de administración, a los que se les imputa un agujero en la caja superior a cien millones de euros, así como el desvío de fondos a fines distintos a las inversiones inmobiliarias.

José Luis Roses aseguró que hoy volvería a aprobar las inversiones inmobiliarias en varias fincas de Palma (Son Bordoy, Son Morlá y Son Morlanet) si le suministraban la misma información técnica que se le dio en su día en las reuniones del consejo. Según el también empresario, las inversiones eran reales y existían elementos que apuntaban a la viabilidad de los proyectos urbanizadores.

El presidente de la Cámara de Comercio y José Marí también explicaron al juez y el fiscal que su función en la caja de ahorros no era hacer el seguimiento de esas inversiones.

Los miembros del consejo de administración que han declarado como investigados por este caso han adoptado una línea defensiva similar: justificar su voto a favor de los millonarios préstamos en los informes técnicos sobre las operaciones y minimizar su responsabilidad en aquellas operaciones.

La fiscalía en sus denuncias también distingue dos tipos de actuaciones: la desarrollada por la cúpula directiva de Sa Nostra y la efectuada por los 21 miembros del consejo de administración de la entidad.

Muchos de los antiguos consejeros han manifestado que estaban en la caja en representación de ayuntamientos, trabajadores, asociaciones, etc y que nunca se ocuparon de las operaciones de la entidad y mucho menos de las de alto valor económico.

Ayer también prestó declaración en Madrid una antigua consejera, que se desvinculó de las operaciones.

En consecuencia con esa línea de defensa de los exconsejeros, fuentes jurídicas informaron ayer de que se pedirá al juez Pedraz la exculpación de algunos de los encausados.

El magistrado de la Audiencia Nacional apenas intervino ayer en los interrogatorios, que fueron protagonizados por la fiscalía. Las defensas también hicieron algunas preguntas.

La declaración del portavoz del PSIB en el Parlament y exconsejero de Sa Nostra, Andreu Alcover, se ha aplazado hasta el fin de año.

Alcover ha señalado que él solo participó tangencialmente en una reunión sobre esas operaciones objeto de investigación y denunciadas por la fiscalía.