Toda esta oferta de empleo público saldrá a concurso con la obligación de acreditar un nivel de catalán en función de la categoría profesional de los postulantes. Así, médicos y enfermeras, los dos colectivos más conflictivos, deberán acreditar el nivel B2 de catalán para poder presentarse al examen. No obstante, Gabriel Lladó recordó que se podrá hacer una excepción con todos aquellos colectivos en los que haya una carencia de profesionales. El decreto del catalán en el que trabaja el Ejecutivo autónomo establece esta posibilidad para aquellas categorías profesionales deficitarias. Así, por ejemplo, si se convocan 20 plazas de pediatras y solo se presentan 10 especialistas médicos con el nivel B2 de catalán, se permitirá presentarse a otros candidatos sin el conocimiento idiomático para que se disputen entre ellos las diez plazas sin postulante catalanoparlante. Y los que se hagan con ellas dispondrán de dos años para acreditar el nivel idiomático exigido. Siempre y cuando un nuevo Ejecutivo autónomo de diferente signo político no derogue en el futuro este polémico decreto.
