Las obras del tramo II del segundo cinturónobras del tramo II del segundo cinturón, el comprendido entre Son Ferriol y las carreteras de Manacor y de ManacorSineu, se reiniciaron ayer después de que hayan estado paralizadas más de 18 meses. El Consell de Mallorca intentó rescindir el contrato con la Unión Temporal de Empresas (UTE) que las realizaban por su enorme retraso, pero un informe del Consell Consultiu le sugirió que jurídicamente debía admitir a las empresas constructoras.
Tras varios meses de negociaciones, la semana pasada la institución insular firmó con la UTE el acuerdo para que se retomen las obras, que tendrán un plazo de ejecución de quince meses, por lo que tendrán que estar acabadas en marzo de 2019. La consellera insular de Territorio e Infraestructuras, Mercedes Garrido, aseguró que "son prioritarias estas obras para el conjunto de toda la vía conectora, pero ello hemos mantenido diversas reuniones con las empresas adjudicatarias para que las obras acaben cuando antes".
El Consell de Mallorca se vio obligado a readmitir a la empresa adjudicataria de las obras del tramo II del segundo cinturón, expulsada por el retraso de más de dos años,, a raíz de un dictamen del Consell Consultiu del pasado mes de septiembre que le instaba a no rescindir el contrato. Ante esta situación, la consellera insular de Territorio, Mercedes Garrido, les dio un plazo máximo de 15 meses para culminar la construcción de una vía que solo cuenta con el 20% ejecutada.
La institución insular adjudicó a la unión formada por las empresas Obras y Pavimentaciones Man, Torrescamara y Cia de Obras, Estel Ingeniería y Construcciones y Pavimentaciones Siquier las obras del tramo II en el año 2014 por 25,6 millones, un presupuesto casi un 30% más bajo que el precio de licitación.
En abril del pasado año, pocos meses antes de que concluyera el plazo para finalizar las obras, la empresa solicitó una prórroga y el Consell le concedió solo 5 meses, cuando ellos solicitaban 15. La UTE recurrió la decisión de Carreteras y el Consell Consultiu les dio la razón. Este dictamen del alto órgano jurídico es el que ha obligado al Consell a paralizar la rescisión del contrato con las empresas constructoras y readmitirlas.
Por otra parte, El Consell puso en marcha ayer su Oficina de Responsabilidad Social, que se encargará de incorporar criterios de responsabilidad social, ética, medioambiental y de proximidad en los procesos de contratación.
