La 'madame', la famosa testigo 31 del caso Cursach, fue ayer formalmente detenida por un presunto delito de denuncia falsa, si bien más tarde quedó en libertad a la espera de que la llame de nuevo el juzgado.

La Policía citó a la mujer para que acudiera por la mañana a las dependencias de Jefatura. Se trataba de la tramitación habitual que se hace ante una orden que procede del juzgado, que está instruyendo la denuncia que presentó la fiscalía Anticorrupción al descubrirse que la mujer había implicado a dos conocidos inspectores de Policía la mujer había implicado a dos conocidos inspectores de Policía en una historia que después se comprobó que era falsa.

Dijo que estos dos policías actuaban por orden de Cursach, que acudieron a su domicilio y le quitaron la documentación para facilitarle su marcha al extranjero. También aseguró que los policías la trasladaron a Jefatura, situación que se comprobó, a través de las cámaras de seguridad, que no se había producido.

El policía que interrogó ayer a la madame es el mismo que la estuvo investigando, por orden del juez Penalva, y que concluyó que había mentidohabía mentido al contar la historia de los dos inspectores. No solo dijo que se había inventado toda la historia, sino que en el informe la llega a calificar de mentirosa compulsiva.

La declaración formal de la mujer, asistida por abogado, fue relativamente rápida. Una vez concluyó la declaración, cuyo contenido no ha trascendido, no se consideró necesario que siguiera detenida y se acordó dejarla en libertad con cargos. El inspector que le tomó declaración le indicó que toda la documentación sería entregada en el juzgado y que estuviera pendiente porque el juez la llamaría a declarar.

Se da la circunstancia de que esta acusación que dedicó a los dos inspectores de Policía quedó recogida en una grabación que realizó el propio juez Penalva, dada la gravedad de los hechos que estaba contando. Desde el pasado verano los investigadores del caso Cursach habían detectado un drástico cambio en la actitud de la mujer, que iba reiterando en el juzgado que estaba recibiendo ofertas económicas para que dijera que el juez y el fiscal la habían coaccionado para que declarara de una determinada forma.

Los responsables de la investigación temieron, aunque no lo podían demostrar, que la mujer habría podido aceptar la oferta económica. Ante esta situación, el juez Penalva, primero informó de las acusaciones al jefe de la Policía, Antonio Jarabo, y después se acordó realizar una investigación para comprobar si lo que había contado la mujer era cierto o, más bien, respondía a su imaginación. Para averiguar la verdad se acordaron varias medidas. La primera fue encomendar la investigación a dos de los inspectores más experimentados de la Jefatura y la segunda medida fue intervenirle el teléfono para realizarle un seguimiento.

Dado que había manifestado al juez que se sentía amenazada, los policías la citaron a declarar en Jefatura, pero ella siempre les manifestaba alguna excusa para evitar entrevistarse con los investigadores. También se analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad para comprobar si era cierto que los dos inspectores que ella identificó habían trasladado a la mujer en algún momento a Jefatura, como manifestó en la grabación que realizó el juez. Los dos inspectores pudieron constatar que este traslado nunca se había producido. También comprobaron que los dos jefes de policía mencionados, en las fechas que la mujer situó el incidente, nunca entraron o salieron juntos del edificio de Jefatura. De hecho, se comprobó que no habían tenido contacto entre ellos ya que, pese a que trabajan en el mismo edificio, cada uno lo hace en su respectiva oficina, dado que realizan labores muy distintas.

Otro dato que destacaba la Policía en su informe es que el comportamiento de la mujer no respondía, de ninguna forma, al perfil de una persona que vive amenazada.

Ante el concluyente informe policial, la fiscalía tomó dos decisiones. La primera fue pedir el archivo de la investigación que se había iniciado contra los dos jefes de Policía y, por otra, denunció a la madame por falso testimonio.

Esta denuncia recayó en el juzgado de instrucción número 12, que se abstuvo a favor del juzgado de instrucción número 6.

El delito de denuncia falsa está castigado con penas que van desde los seis meses a dos años de prisión.

La detención de la testigo 31 se produjo el día después de que ella declarara como testigo por otra denuncia que presentó en verano, en la que afirmó que el hijo de Bartolomé Cursach le había llamado para hacerle una oferta económica, que consistía en pagarle dinero, facilitarle una nueva vida en el extranjero, a cambio de que declarara que el juez y el fiscal la habían coaccionado.

Cuando el juez le preguntó si se ratificaba en estas acusaciones que realizó bajo juramento, aseguró que no estaba segura de que la persona que le llamó era el hijo de Cursach. Por ello, se la va a volver a denunciar por segunda vez por falsa denuncia.