El conseller de Territorio, Marc Pons, ha negado hoy que la nueva Ley de Urbanismo sirva para legalizar nuevas urbanizaciones. Recuerda que la disposición transitoria 14 se introdujo para solventar un problema concreto de mala gestión urbanística en Platja den Bossa (Eivissa), ya que contaba con el 90% construido, tiene toda la dotación de servicios y existen sentencias judiciales a favor de la construcción y que certifican que es suelo urbano. No obstante, el conseller de Territorio ha certificado que en todas las Balears no hay otra situación similar. Marc Pons ha negado en todo momento que esta disposición se haya introducido para legalizar el complejo de la familia Matutes y ha advertido que se podría dar el caso de indemnizaciones multimillonarias al contar con una licencia de obras municipal mal otorgada por el ayuntamiento de Sant Lluís.

El director general de Ordenación del Territorio, Luis Corral, también rechazó que la Ley de Urbanismo sea una "puerta abierta" a desarrollar nuevas urbanizaciones en suelo protegido ni a desproteger territorio, y ha defendido que la situación actual "no se podía mantener".

Marc Pons, recordó que la disposición transitoria 14 estaba en la ley desde el anteproyecto y fue explicado con todo lujo de detalles a sus socios de pacto, Podemos y Més, que se desmarcaron y la norma salió adelante gracias a los votos del PSIB y Més. Desde la conselleria de Territorio han mantenido que la disposición, que ha suscitado las críticas de MÉS, Podemos y entidades como el GOB, responde "al interés público", al buscar una solución a un problema concreto y único en las islas. Según el conseller, las indemnizaciones multimillonarias podrían venir en el caso de que se obligase a demoler un complejo urbanístico que tiene un 90% construido, con hoteles y discotecas, y que en su día tuvo el beneplácito municipal, pese a que no era suelo urbano.