Ante la polémica creada, la consellera de Servicios Sociales ralentizará el proceso de tramitación del decreto para regular las guarderías en busca de consenso, pero no renunciará a él: Fina Santiago, en un artículo de opinión publicado ayer en este diario, se reafirma en la necesidad de regular una red de centros que atiende a niños de cero a tres años.

"Con la voluntad de facilitar un debate tan participativo como sea posible y conseguir un amplio consenso, el Govern ralentizará el proceso de tramitación del decreto que tenía previsto y continuará manteniendo reuniones con los sectores interesados y defendiendo la necesidad de regulación", concluye el texto publicado ayer.

Santiago argumenta por qué no renunciará a la regulación, partiendo de dos sentencias claves: la del Tribunal Superior de Justicia de Balears de 2010 que reconocía a las patronales de guarderías que existía una red de centros de guardia o custodia de menores que no tenía que cumplir con los requisitos fijados por un decreto elaborado en 2008 por Educación para las escoletes. En 2012, el Tribunal Supremo "creó jurisprudencia al especificar que las escoletes educativas y las guarderías han de poder convivir como oferta de servicios para los padres y madres que las necesitan".

Así, los centros que se autoconsideran asistenciales se libraron de cumplir esos mínimos fijados por Educación en cuanto a espacios, titulación... Desde entonces, una licencia de actividad y un certificado de instalación eléctrica bastan para abrir una guardería, insiste Santiago. La consellera asegura que la prioridad son los centros educativos y recuerda que del 2016 a finales de 2018 el Govern habrá invertido en ellos más de cinco millones de euros. Admite que esa cantidad no es suficiente, pero argumenta que conseguir que haya plazas educativas de 0 a 3 años para toda la demanda es "una inversión a largo plazo" y mientras "las guarderías son una realidad que necesita regulación".

Fina Santiago defiende que con la regulación no solo se abrirán más guarderías en vez de escoletes como auguran los detractores del proyecto, sino que la tendencia será a la inversa ya que será más difícil abrir una guardería (costará más dinero) y además algunas de la ya existentes (como las que han detectado en garajes) cerrarán al no cumplir la norma. Con todo, la Consellera prevé que aumentará la presión a las administraciones públicas para crear escoletes: "El Govern es consciente, sería más cómodo no hacer nada".

Los detractores del decreto critican especialmente que consolida esta doble red, creando "centros de primera y de segunda" ya que los requisitos para los asistenciales son más laxos que para los educativos.