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La fiesta en paz

PP y PSOE, unidos por Matutes y el 155

Populares y socialistas coinciden en favorecer a quienes siguen pensando que el mejor negocio para las islas es seguir destruyéndolas

La lotería urbanística le ha tocado a Matutes.

El único político que ha sido capaz de compatibilizar el ministerio de Asuntos Exteriores con la dirección de sus importantes negocios se llama Abel Matutes Torres. El pasado martes Carlos Alsina intentaba entrevistarle en Onda Cero. Se trataba de glosar la figura del fallecido Manuel Marín, que había sido comisario europeo al mismo tiempo que el ibicenco y después presidente del Congreso. El entrevistador despachó a Matutes en dos lances. Alzina tiró la toalla y pasó a dialogar largo y tendido con Joaquín Almunia.

El hombre de José María Aznar en el mundo o no sabía o no quería hablar mucho de su colega. De hecho reconoció que ni siquiera se había enterado de que estaba enfermo de cáncer. Lo más probable es que su cabeza estuviera ese día en otra parte. Más concretamente en el Parlament de les Illes Baleares, donde una extraña alianza iba a conjurarse para solucionarle el problemita de una de sus iniciativas empresariales.

PP y PSOE, capaces de aliarse para sacar adelante la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución y poca cosa más, unieron sus votos para legalizar los proyectos urbanísticos de la familia Matutes en la ibicenca Platja d´en Bossa.

Los socialistas baleares no dudaron en escenificar públicamente la división con sus socios de Podemos y Més para aprobar una enmienda adicional a la ley de urbanismo balear para practicar algo de lo que, en teoría siempre han abominado: el urbanismo a la carta. O sea PP y PSOE saben perfectamente en qué asuntos comparten ideología o intereses: favorecer a quienes siguen pensando que el mejor negocio para las islas es seguir destruyéndolas. Sea en la Platja d´en Bossa o en Son Espases.

La nueva Ley Urbanística de Balears, que sustituye a la Ley del Suelo vigente hasta ahora, pretende, según su promotor el conseller socialista Marc Pons, simplificar la tramitación, luchar contra la especulación, cerrar las puertas a las construcciones gestadas "ilegalmente" y ofrecer más garantías para la protección del territorio.

La razón para la reedición de la alianza PP-PSOE radica en que se permite al ayuntamiento de Sant Josep decidir si los terrenos urbanizables pero ya ejecutados en un 90% pasan a tener la condición de urbanos. En román paladino se trata de otorgar una legalidad exprés a una situación de ilegalidad, pero legalizable.

Con los datos sobre la mesa, los interrogantes se acumulan. ¿No hay en todo el archipiélago otro terreno en las mismas condiciones que el agraciado por la lotería parlamentaria?, ¿tan trascendental es este asunto para que Francina Armengol consienta abrir una brecha con sus imprescindibles socios en el Govern y el Parlament?, ¿ha recibido la presidenta garantías de Més, y en menor medida de Podemos, de que tras la traición y el encamamiento con los populares se olvidará esta deslealtad?, ¿recurrirá el Gobierno de Mariano Rajoy la ley urbanística de una parte del Govern y de Matutes con la misma facilidad con la que lleva al Constitucional otras normas de Balears referidas a corridas de toros y demás iniciativas de la izquierda?

Las leyes relacionadas con el territorio nunca están libres de sospecha. La historia reciente de Balears es un cajón de decisiones aparentemente inocuas que detrás tienen nombre y apellido. La Ley de Espacios Naturales movía líneas a conveniencia de quienes visitaban los despachos adecuados. Las cuentas de no pocos municipios mallorquines están lastradas por licencias concedidas ilegalmente y anuladas por los jueces. La indemnización corre después a cuenta de todos los ciudadanos. Algunas fobias de políticos o sus filias especulares han costado o repartido millones.

El gran casino mallorquín no está en Portopí, ni siquiera en los frustrados proyectos de s´Arenal o el Teatro Balear. La ruleta que reparte fortunas se encuentra en los despachos políticos en los que se decide el urbanismo. Y la bola casi siempre cae en los mismos números. Lo que parecía imposible es que esta combinación de ruleta y Monopoly se jugara bajo los auspicios del Govern presidido por una socialista.

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