La conselleria de Salud está pendiente de la resolución judicial del caso Minerval para iniciar un expediente administrativo contra el responsable o responsables de la presunta venta de un falso fármaco anticancerígeno comercializado bajo el nombre de Minerval que se podría cerrar con una multa que oscilará entre los 600.000 y el millón de euros.
El director general de Planificación, Evaluación y Farmacia de la conselleria de Salud, Benito Pròsper, estima que esta presunta comercialización irregular de un falso fármacofalso fármaco sin haber completado los trámites pertinentes para su venta al público podría suponer una infracción muy grave tal y como se especifica en el real decreto 1/2005 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
Las infracciones en esta materia pueden ser de carácter leve, graves o muy graves y, dentro de estas tres categorías, existe una graduación de mínimo, medio y máximo. Así, una infracción muy grave en su grado mínimo podría ser sancionada con una multa que oscile desde los 90.001 euros hasta los 300.000; el grado medio comportaría sanciones entre los 30o.001 euros y 600.000. Y, por último, el grado máximo significaría que el autor o los autores de la infracción tendrían que hacer frente a multas de entre 60o.001 y un milllón de euros.
Y Pròsper no duda en aventurar que la presunta actuación irregular del catedrático Pablo Escribáen el campus de la UIB implicará una infracción muy grave en su grado máximo y, por tanto, sancionable con una multa que oscilará entre los 600.001 y el millón de euros.
La presunta venta irregular de un falso fármaco contra el cáncer ha sido seguida por dos direcciones generales de la conselleria de Salud, la del propio Benito Pròsper, y la dirección general de Salud Pública que lidera Maria Ramos.
Como se recordará, el titular del juzgado de instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, tras archivar el denominado caso Minerval por considerar que no estaba acreditado el delito de estafa al conocer las presuntas personas engañadas que se trataba de un medicamento en fase de experimentación, sí vio en los hechos investigados una posible infracción administrativa por la venta de un fármaco no autorizado.
Por ello, remitió todo el sumario al ministerio de Sanidad para que éste depurase las posibles responsabilidades en ese ámbito. Este diario se puso en contacto recientemente con la Agencia Española del Medicamento para que le informase del estado de esa "depuración de responsabilidades". Y la sorpresa saltó cuando desde este organismo dependiente del ministerio de Sanidad se informó de que las competencias en esta materia correspondían a la conselleria de Salud.
Benito Pròsper confirmó este extremo aunque matizó que aún no han podido iniciar el expediente administrativo contra los responsables de la venta de este fármaco no autorizado al estar el caso todavía en fase judicial.
"Vimos el cielo abierto"
"Cuando se archivó la causa porque el juez estimó que no había delito, vimos el cielo abierto porque por fin podíamos intervenir ya que parecía acreditado que se había producido la venta de ese producto", explica el director general de Farmacia.
"Por ello", continúa Pròsper, "el 31 de octubre pasado solicitamos al juzgado de instrucción número 9 el testimonio de las actuaciones del procedimiento para tener unas pruebas que pesan mucho en el expediente sancionador. El titular del juzgado nos contestó el 16 de noviembre informándonos de que lo había remitido a la Audiencia. Y al día siguiente, el pasado 17 de noviembre, lo pedimos a la sala y aún estamos esperando la respuesta".
En estos momentos, la Audiencia -instancia judicial a la que llegó el caso tras recurrir tanto la fiscalía como la UIB, personada como acusación particular, el archivo de la causa- ha vuelto a remitir el caso al juzgado de instrucción número 9 de Palma para que investigue si el precio al que Escribà comercializaba el falso medicamento (18.000 euros el kilo) era el que se pagaba por él a sus fabricantes y cuál ha sido el destino del dinero obtenido con estas prácticas.
En cualquier caso, las previsiones de Pròsper pasan porque el juzgado les facilite los testimonios y poder ir avanzando la "parte más administrativa del expediente" de manera que quede definitivamente resuelto a finales del próximo año, a más tardar. Preguntado sobre a quién o a quienes van a reclamar esta cantidad, el director general se mostró cauto y pidió esperar a ver qué encuentran en lo instruido por el juez Morell antes de decidir si imponen la multa a Escribà o a la empresa comercializadora del falso fármaco, Lipopharmadecidir si imponen la multa a Escribà o a la empresa comercializadora del falso fármaco, Lipopharma.
