El pleno del Consell de Mallorca aprobó ayer que la institución insular reciba las competencias para gestionar varios centros geriátricos que en estos momentos están en manos del Consell. Lo que ocurre es que en el traspaso de estas competencias los técnicos del propio Consell han detectado múltiples deficiencias, tanto desde el punto de vista jurídico como en el económico. Por ello, desde los grupos de la oposición denunciaron que este traspaso de competencias, que incluye unos cinco geriátricos y centros de día, supone que la institución insular salga perjudicada y no quisieron apoyar su aprobación. La recepción de las competencias de la gestión de estos geriátricos salió adelante con los únicos votos favorables del Pacto de izquierdas.
Una de las principales deficiencias que han detectado los técnicos es la situación con la que quedarán unos 100 trabajadores que ahora son personal laboral interino en una fundación del Govern y que deberán pasar al Consell. Lo que ocurre es que la Ley Montoro obliga a que estos puestos de trabajo interinos pasen a proceso de extinción y únicamente se podrán asumir los que marque la tasa de reposición que tiene el Consell.
De igual modo, la intervención general del Consell asegura que al no disponer de informes sobre el estado de conservación de los edificios se hace muy difícil "poder valorar adecuadamente si el importe de la transferencia es suficiente para atender las reparaciones y mejoras".
De igual modo, Intervención y Secretaría apuntan que uno de los centros que asumirá el Govern, el de Puigpunyent, solo consta una escritura de un solar sin ningún edificio.
La interventora general del Consell, Elena Montejo, advierte en su informe a los partidos del Pacto de que en caso de no enmendar todas estas deficiencias, en total siete de calado, tiene la posibilidad de "iniciar el procedimiento de discrepancia del acuerdo y remitir su informe al Tribunal de Cuentas".
Los servicios jurídicos del Consell han detectado que no existe "ningún informe de los servicios de arquitectura del Institut Mallorquí d'Afers Sociales (IMAS) en que se haga constar el estado de los inmuebles". También reclaman la falta de un informe de Inspección de los Servicios Sociales del Govern que "acredite que se dispone de las autorizaciones pertinentes" para la actividad.
Tanto la consellera insular de Serveis Sociales, Margalida Puigserver, como el vicepresidente del IMAS y conseller socialista, Javier de Juan, defendieron la recepción de las competencias. Sobre los trabajadores De Juan culpó a "la Ley Montoro de los problemas para el traspaso de los trabajadores" y recordó que estos empleados interinos seguirán conservando su puesto hasta que se ocupe su plaza.
