Las comunidades autónomas están preocupadas por el impacto del 'brexit' en el turismo, las exportaciones y los derechos de los ciudadanos, tanto de los españoles en Reino Unido como de los británicos en España, y así se lo transmitieron ayer a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y al ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, en la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE).
Los Ejecutivos autonómicos pidieron al Gobierno que les facilite información precisa, que puedan difundir, sobre los derechos de los ciudadanos, porque reciben numerosas consultas. En el eje de sus preocupaciones están, principalmente, que haya garantías recíprocas para el acceso a la sanidad y que dispongan de un marco claro para ejercer actividades económicas y comprar vivienda.
La delegación balear, secundada por Comunidad Valenciana, Canarias y Andalucía, planteó el posible impacto en el turismo, especialmente porque Reino Unido saldrá del espacio aéreo europeo y será necesario negociar un nuevo acuerdo aéreo que puede incidir en las tasas aeroportuarias y las tarifas. Todo ello en un contexto en que otros destinos del Mediterráneo que son competencia potencial para España se están recuperando de la inestabilidad de los últimos años. A modo de ejemplo, la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asian, comentó que el turoperador británico Thomas Cook ha vuelto a incluir a Túnez en su oferta.
Náutica
Balears mencionó también el impacto del 'brexit' en la náutica recreativa. Otra preocupación son las exportaciones ya que, aun en el caso de que no se creasen aranceles y Londres mantuviese la misma normativa medioambiental y sanitaria, la mera existencia de fronteras generará costes administrativos, de tiempo y de personal en ambas partes.
A las comunidades autónomas también les interesa el aspecto de la 'factura' que pagará Reino Unido al salir de la UE, un asunto donde la prensa británica da el acuerdo casi por cerrado -entre 45.000 y 55.000 millones de euros- aunque no se confirmó oficialmente, y el futuro del presupuesto comunitario.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, intentó tranquilizar a los representantes de las comunidades autónomas sobre los avances en la negociación del 'brexit', un proceso que aún no ha entrado en la fase que afecte directamente a los intereses autonómicos, sobre todo sus exportaciones. La reunión tuvo lugar unos días antes de que la vicepresidenta ofrezca un almuerzo al negociador principal de la UE para el Brexit, Michel Barnier, quien estará en España el próximo jueves. Tras la reunión, el Gobierno se comprometió a enviar un informe de posición con las aportaciones autonómicas, según fuentes del Ejecutivo.
