Delegación de Gobierno no ha autorizado que el próximo 4 de diciembre se convoque una nueva manifestación ciudadana en contra del instructor y el fiscal del caso Cursach, al determinar que la solicitud realizada por el promotor de la iniciativa -el abogado Vicente Campaner- no se ha realizado en los plazos que marca la ley.
En una resolución oficial, Delegación de Gobierno argumenta que la comunicación se ha realizado "con una antelación inferior a 10 días naturales y sin que se haya justificado su urgencia".
En este sentido, recuerda que la Ley que regula el derecho de reunión sólo contempla la posibilidad de avisar de una manifestación con una antelación mínima de 24 horas en el caso de que "existan causas extraordinarias y graves", que no aprecia en este caso. El organismo gubernativo, además, advierte al solicitante de que el itinerario que había planteado es "impreciso"; una imprecisión que, continúa la resolución de Delegación de Gobierno, "ocasionó dificultades a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la adopción de medidas de seguridad y regulación del tráfico en el desarrollo de la manifestación anterior".
En esa manifestación, convocada el 27 de noviembre, los manifestantes pidieron el encarcelamiento y la inhabilitación tanto del juez Penalva como del fiscal anticorrupción Subirán. Varios de los asistentes dijeron que estaban "indignados" por la instrucción del caso y porque "hay inocentes en la cárcel".
Campaner había solicitado permiso a Delegación de Gobierno el pasado 29 de noviembre para convocar una nueva manifestación el 4 de diciembre, de 10 a 13 horas.
El motivo de la convocatoria, esgrimió Campaner, era "reivindicar los derechos de los ciudadanos", ante la "existencia de claros indicios de criminalidad contra el instructor Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, por haber cometido una batería de delitos en el desempeño de su profesión".
