No se puede comercializar un medicamento hasta que esté autorizado y registrado como tal. Los no facultativos no recetan, administran, pautan ni venden medicamentos. Un campus universitario no es un zoco para expender sustancias de toxicidad y efectividad indeterminadas. La Universitat de les Illes Balears ha incumplido estos axiomas en el caso del Minerval, sucesores y sucedáneos. Peor todavía, la UIB suscribió el plebiscito sobre la corrupción científica, plasmado en la reelección de un equipo rectoral sobradamente enterado de las trapacerías que se desarrollaban en su ámbito.
Hasta la mínima, tibia e ineficaz reapertura del caso penal a cargo de la Audiencia reconoce que se comercializaba "un producto en experimentación", con la relevante particularidad de que "su venta al público no estaba autorizada" y de que "no podía asegurar resultados".
No falta ninguno de los ingredientes del fraude, salvo que no lo hubo. La patente ignorancia de las leyes científicas no exime a los jueces de su cumplimiento. Más grave resulta la ausencia de autocrítica en la comunidad investigadora universitaria, que ha acreditado un comportamiento sectario traicionando su principio básico, el escepticismo.
La timorata propuesta de la Audiencia, consistente en ahondar en el negocio del Minerval, se parece demasiado a la absolución de la Infanta Cristina de un evidente tráfico de influencias dado su nombre y calidades, mientras se desviaba la atención al tráfico fiscal accesorio. La reapertura no importunará a un juez instructor que archivó por tres veces el espionaje del caso Bitel, pese a un vídeo de Matas gritando en el Parlament que "yo también tengo espías".
El día del archivo ahora revocado, el autor del espectáculo gritó que "el Minerval cura el cáncer". Arruinaba así de un plumazo los doctos argumentos establecidos tanto en el auto de cierre como en la reapertura, sobre la información ceñida que recibían los compradores.
Sin dudar de la pureza de sus productos y sus propósitos, biólogos de la UIB han actuado como médicos y farmacéuticos, creando un mercado subterráneo de productos cuya venta al público está prohibida. Así funciona la Medicina en Mallorca, sin que los colegios de Médicos y Farmacéuticos tengan nada que oponer. Suerte de la fiscalía, aunque no haya sido suficiente.
