¿Cuáles son las funciones de Alta Inspección Educativa?
Cuando se transfieren las competencias a las comunidades, el Estado se reserva unas cuantas porque evidentemente se tienen que quedar con algo. Y es cuando se crean las Altas Inspecciones, que gestionan esas pequeñas competencias.
Una de nuestras funciones es la supervisión de la normativa, como recoge el artículo 150 de la Ley Orgánica de Educación: "Comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Estado en la ordenación general del sistema educativo en cuanto a modalidades, etapas, ciclos (...) y comprobar la inclusión de los aspectos básicos del currículo dentro de los currículos respectivos y que estos se cursan de acuerdo con el ordenamiento estatal correspondiente".
En la práctica esto quiere decir que nosotros revisamos la normativa autonómica que la comunidad despliega en cumplimiento de la ley orgánica. Se suelen hacer unos 50 o 60 informes sobre la normativa autonómica y le decimos al Ministerio si está en concordancia con la normativa estatal o no.
¿Alguna vez ha detectado alguna regulación autonómica contraria a la estatal?
En los cinco años que llevo aquí no ha habido ninguna confrontación entre la ley orgánica de educación y la normativa autonómica. Ha habido cuestiones de matiz, que se han subsanado sin problemas. De lo contrario, se informaría al Ministerio y se haría un requerimiento a la autonomía, se le diría 'esto no está bien, tienes que modificarlo' y si no rectificara se iría al contencioso-administrativo. Ha habido casos en otras comunidades pero aquí no.
Sí hubo un amago de requerimiento en 2016, cuando el Govern dejó en manos de los colegios la reválida de 6º de Primaria.
Al final todo quedó parado, hubo una moratoria de aplicación de las reválidas y no se formalizó el requerimiento.
¿Cuál es la relación con la conselleria de Educación?
Hay contacto porque desde el Ministerio se piden datos a los que nosotros solo tenemos acceso a través de la comunidad autónoma. La relación es buena independientemente del color político de la conserjería. También hemos tenido contacto por solicitudes recibidas en relación al Real Decreto 591/2014 [por el que el gobierno paga la matrícula en un centro privado a alumnos que no puedan tener acceso a enseñanza en castellano].
¿Aquí ha habido peticiones?
En 2015 hubo 12; en 2016, otras 12 y en 2017, una. Ninguna ha prosperado, en algunos casos porque las personas que lo solicitaban estaban exentas. El Real Decreto señala que serán beneficiarias las personas que cursen educación obligatoria, esto no cubre ni la etapa de 0 a 6 años ni Bachillerato.
En otros casos se denegó la petición porque estaban solicitando que se les pagase un centro privado cuando en el centro en el que ya estaba matriculado su hijo sí que se estaban cumpliendo los requisitos mínimos que fija el decreto, como que exista una proporción razonable de educación en catalán y en castellano, que entendemos que se cumple cuando al menos un área no troncal de las asignaturas no lingüísticas se imparte en castellano. Ese criterio lo marcó el Ministerio por sentido común y en base a diferentes sentencias.
Otra de sus funciones es la homologación de los estudios no universitarios de titulados extranjeros, ¿ha aumentado por la recuperación económica y el repunte de la inmigración?
Hablamos de titulados de ESO y Bachiller de otros países. En 2014 tramitamos 279; en 2015, 800; en 2016, 913; y hoy hemos tramitado el expediente 1.100 de este año. Es un crecimiento de un 20% y es un indicador de que la gente está viniendo a Balears. Otra tarea que hacemos es el reconocimiento de firmas para la legalización de títulos universitarios y esto en tres años ha bajado de 149 a 96. Puede ser un indicador de que la gente se está yendo menos al extranjero a buscar trabajo.
¿En ningún caso Alta Inspección acude a los centros?
Alta Inspección solo puede entrar en un centro por autorización directa del Ministerio. En Balears solo fuimos una vez para unos premios nacionales.
¿Debe tener más competencias Alta Inspección para atajar supuestos casos de adoctrinamiento o vulneración de derechos lingüísticos?
Es importante abordar el ampliar las competencias y funciones de la Alta Inspección porque la idiosincrasia ha cambiado. La realidad de cuando se transfirieron las competencias es totalmente diferente a la actual. Y si en el Congreso hay una subcomisión de educación que trabaja por un pacto, lo lógico es que se aborde ahí.
Pero esa idea, impulsada por PP y Ciudadanos a través de sendas proposiciones, ya ha sido rechazada por el resto de fuerzas políticas en el Congreso, ¿es realista aspirar a que genere consenso en la subcomisión que trabaja para cerrar un pacto?
Mi opinión personal es que lo lógico es que se trabaje este punto ahí, al margen de si los partidos han votado en el Congreso en contra de proposiciones que iban en ese sentido. Aunque en sede parlamentaria se haya rechazado, eso no tiene por qué interferir en que los partidos luego puedan ponerse de acuerdo en la subcomisión para tratar las competencias de Alta Inspección.
¿Tras esa ampliación de competencias se esconde una criminalización de los docentes y/o un intento de recentralización?
Algunos intentan hacer una lectura negativa y se equivocan. Decimos: 'Vamos a plantear el régimen competencial de Alta Inspección porque la realidad ha cambiado, la sociedad lo está pidiendo, y hay comunidades que han quebrantado el principio de lealtad institucional en materia educativa'. El instrumento para garantizar el Estado de Derecho existe, es Alta Inspección, y ahora toca reforzarlo. El matiz está en verlo como algo positivo: vamos a reforzar lo que ya tenemos, pero no es una interferencia en las competencias autonómicas.
Pero es abrir la puerta a poder interferir.
Es abrir la puerta a que Alta Inspección realmente pueda, como dice textualmente el artículo 150 de la LOE: "Velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, así como de sus derechos lingüísticos". Pero este principio de igualdad se ha roto en algunas comunidades.
¿En Balears se ha roto?
A día de hoy yo personalmente creo que no porque no hay ninguna denuncia que nos haya hecho sospechar que sí.
¿No hay ninguna denuncia por adoctrinamiento o vulneración de derechos lingüísticos?
No. Aquí desde luego no ha llegado ninguna denuncia. Y nosotros no podemos actuar de oficio y entrar en un centro porque hemos visto algo en un medio de comunicación. Pero si llegara un escrito de denuncia de un padre pidiendo ayuda, podríamos enviarlo a la Secretaria de Estado, que enviaría un requerimiento a la conserjería de Educación para que aclare qué está pasando. Si no lo hace, y si realmente hay una dejación de funciones de la Conserjería, porque o bien no ha encargado un informe a Inspección o el informe es desfavorable y el padre aporta pruebas, entonces el Ministerio podría actuar, pero siempre que hubiera una dejación de funciones de la autonomía. Insisto: nosotros lo que queremos es ser garantes del cumplimiento de la norma, las comunidades no deberían ver el aumento de competencias como una injerencia.
Si se le da más competencias, ¿habría que replantearse el sistema de acceso? Es un cargo de libre designación.
Eso no implica que no haya unos requisitos, no cualquier persona puede ser director de Alta Inspección. No tiene por qué estar ligado al partido en el Gobierno. La plaza sale publicada en el BOE y tu concursas.
Gente del sector no solo ve riesgo de injerencia, también de control político si ocupa ese cargo una persona muy ligada al partido de turno, como es su caso.
Cambiar el sistema de acceso es lo de menos. Yo no me escondo, he ido en listas al Senado con el PP. En el Gobierno está el PP y en la conserjería de aquí está el PSOE y yo tanto con el conseller, como con los directores generales, como con Jaume March, jefe de servicio, tengo una relación personal y profesional formidable.
Con las propuestas de PP y C's para atajar ese supuesto adoctrinamiento, ¿la educación se vuelve arma política, instrumento para marcar perfil electoral?
Yo no sé las intenciones políticas de los partidos para presentar esas iniciativas, pero sé que es importante abordar el tema y ampliar las competencias de Alta Inspección. Y así lo dijimos los directores de Alta Inspección al secretario de Estado y esa es la voluntad del Gobierno. Hay comunidades en las que se empiezan a generar algunos problemillas.
¿Se refiere exclusivamente a Cataluña?
Sí.
¿Por dónde debería ir ese aumento de competencias?
Pues por ejemplo por la revisión de los libros de texto y los materiales didácticos. La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), impulsada por el PP y que duró dos telediarios, incluía esta competencia para Alta Inspección. La LOE lo suprimió y la LOMCE no lo incluyó.
¿En Balears se usan libros y materiales con ideología?
En Balears no, en otras comunidades se han visto ejemplos de libros que no cumplen con el currículo.
Un profesor puede completar el currículo con material y contenidos que no están en el libro.
Sí, claro que los profesores tienen libertad de cátedra, pero usar conceptos como éste, o el de autonomía de centro, de según qué manera puede servir para hacer demagogia. Hay libertad de cátedra, pero dentro de los límites que marca el currículo.
¿Cree que hace falta más control de profesores y centros?
Está bien promover la autonomía de centro, la LOMCE lo incluye, pero siempre dentro de la ley.
En la anterior legislatura Guillem Estarellas intentó hacer un registro de libros y le llovieron las acusaciones de censura.
Este término me parece totalmente fuera de lugar. El Estado tiene que respetar la ley, defenderla y garantizar su cumplimiento. Alta Inspección también debería poder actuar de oficio para garantizar a las familias ese derecho a la igualdad recogido en la LOE y poder acudir a los centros si sospecha que se ha vulnerado ese derecho.
¿Cómo vivió desde su puesto el conflicto del TIL?
Normativamente el TIL estaba en consonancia con la ley orgánica, en ese sentido era aplicable e impecable, igual que lo es el Decreto de Lenguas Extranjeras de este Govern. Aquí no recibimos quejas ni con la aplicación ni con la no aplicación del TIL.
Su opinión: ¿Cree que con el TIL se podrían haber hecho las cosas mejor?
Es complicado valorar algo cuando no has formado parte del desarrollo ni de su planificación. Desde la barrera se ven los toros muy bien. Yo creo que hay que preguntarse si realmente todo el mundo que se opuso al TIL estaba en contra de que los niños de Balears recibiesen una educación para acabar siendo competentes en un tercer idioma.
