Fernando Alzamora, el expresidente de la entidad financiera sa Nostra, ha comparecido esta mañana ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, para responder de un presunto delito económico relacionado con la gestión de la histórica caja de ahorros de Baleares. Alzamora está inicialmente acusado de haber autorizado una serie de préstamos bancarios a una empresa del sector inmobiliario, que pusieron en peligro el futuro económico de la entidad financiera. Alzamora, que contestó a través de videoconferencia a las preguntas que le formuló el fiscal de la Audiencia Nacional, mantuvo que todas las operaciones económicas que fueron aprobadas por el Consejo de Administración de sa Nostra eran consecuencia de los informes favorables elaborados por los responsables del comité de inversiones y el comité de riesgos. También fueron decisiones previamente defendidas por los ejecutivos, encabezados por Pere Batle y Pau Dolç, así como por los directores generales de la caja de ahorros. La fiscalía sostiene que la inversión que aprobó sa Nostra, para financiar con unos 70 millones de euros, al empresario Martí Gual se aprobó sin elaborar un plan de riesgos. Sa Nostra se convirtió en socio, a través de su filial Invernostra, de la empresa inmobiliaria de Martí Gual, compartiendo algunos proyectos.
Esta mañana también declararon en calidad de investigados María Antonia García, que formaba parte del consejo de administración, y el que fuera vicepresidente de la entidad, Antoni Borrás. Ambos concidieron al señalar que todas las operaciones venían avaladas y aconsejadas por los responsables de las áreas de análisis de riesgos.
