La consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, expone a este diario que los Consells insulares rechazaron en un principio acometer la regulación de los centros que atienden a niños de cero a tres años, motivo por el que el Govern decidió emprender esta normativa para establecer estos mínimos requisitos exigibles a las guarderías, convencido de que algo había que hacer con esta realidad.
A pesar de que el decreto finalmente haya partido del Govern, Santiago señala que luego cada Consell insular puede hacer una normativa propia, partiendo de los mínimos fijados por la norma de Asuntos Sociales. "Ahora por ejemplo los ayuntamientos también pueden hacer una ordenanza con sus criterios", recuerda la consellera.
Diferentes realidades por islas
"La realidad de cada isla es muy diferente", señala Santiago, que se ha encontrado con un fuerte movimiento de resistencia al decreto en Menorca, donde casi no existen guarderías y la mayoría son escoletes autorizadas que cumplen con la normativa de Educación.
"Pero en Mallorca y Eivissa la situación es muy diferente", señala la titular de Asuntos Sociales: "Hay muchos centros asistenciales y una gran demanda, especialmente los meses de verano", detalla. E insiste: "Nosotros no autorizamos nada ni queremos potenciar esta línea de centros, solo regulamos algo que ya existe".
Aunque muestra su determinación a seguir adelante con la normativa sí o sí, convencida de que es una necesidad imperiosa, la consellera sí que está dispuesta a analizar y debatir con el sector el contenido del decreto en sí.
Así, en las próximas semanas Asuntos Sociales iniciará contactos con los representantes del sector para tratar de acordar los detalles más concretos, como los requisitos mínimos de espacio por niño o la exigencia de luz natural que los técnicos del Govern han incluido en el primer borrador de decreto que define la finalidad asistencial como "cubrir las necesidades de atención física, psíquica, social e higiénica de los niños".
