El texto de Illes per un Pacte para lograr un acuerdo social y político que garantice un mínimo de estabilidad en el sistema educativo comenzó ayer a ser trabajado y debatido entre los grupos parlamentarios en una ponencia.

Representantes de esta plataforma (que agrupa a diferentes entidades representativas del sector) mostraron ayer cierta inquietud por el hecho de que la educación, a raíz de las acusaciones de adoctrinamiento y las propuestas hechas desde PP y Ciudadanos en el Congreso para atajarlo, vuelva a convertirse "en un instrumento político", lo que aumentaría las dificultades para cerrar un pacto educativo a nivel estatal.

Sin embargo, portavoces de Illes per un Pacte recordaron una gran diferencia respecto al proceso de pacto iniciado a nivel nacional: que allí comenzó desde la política (en una subcomisión del Congreso) mientras que aquí partió de la sociedad civil. Pepita Costa, de Pitiüses per l'Acord Educatiu, lamentó que en Madrid la citada subcomisión "no avanza desde hace un año" ya que los partidos "están aferrados a su postura" y por eso expresó su deseo de que "aquí no pase lo mismo".

Para evitarlo, insistó en recordar a los partidos baleares (con los que ya se han reunido) "el compromiso" que han mostrado con la necesidad de cerrar un pacto educativo. Por eso, Illes per un Pacte solicitó "agilidad y perseverancia" a la ponencia del Parlament que empezó a trabajar ayer para que el proceso no se estanque.

Gemma Cardona, presidenta de la patronal Escola Catòlica, pidió a los políticos que "estén a la altura" y "apoyen a la sociedad civil" para conseguir este pacto "absolutamente necesario y urgente". Antoni Salvà, de la Assemblea de Docents, recordó que el trabajo por el pacto comenzó precisamente en un momento de conflicto para evitar más cambios ligados a las políticas partidistas.

Illes per un Pacte está conformada por una veintena de entidades, incluyendo la Confederación de Asociaciones de Padres (COAPA), USO, la UIB, entre otras. El Govern ha asumido el documento como base para una futura ley autonómica de Educación.