Un total de doce años de prisión, por dos delitos distintos, es la pena que reclama la fiscalía Anticorrupción contra dos acusados de amenazar a el Ico, el hijo de la Paca, para que se retractara de las declaraciones que había realizado en la investigación de la llamada trama policial, en la que implicaba a varios agentes de la Policía Local de Palma en graves delitos. El juzgado de lo penal número 1 de Palma ya ha fijado la fecha del juicio, que se celebrará el próximo mes de febrero. Se sentarán en el banquillo un funcionario de la prisión de Palma, llamado Pedro José Talavera Fernández, y un agente de la Policía Local, antiguo sindicalista, Jaime Garau Calero, implicado éste último en la trama policial, que ha estado varias veces en la cárcel por amenazar a testigos. Los dos funcionarios tendrán que defenderse de los delitos de obstrucción a la justicia y tráfico de drogas. Para cada uno de ellos, la fiscalía reclama seis años de prisión.
Los hechos ocurrieron en una fecha en la que Francisco Tomás Fernández, el Ico, se encontraba cumpliendo condena en la prisión de Palma. Poco antes había estado declarando ante el juzgado de instrucción número 12 de Palma, señalando que un determinado grupo de policías le estuvieron reclamando dinero para evitar la clausura del bar de copas que tenía en la calle Joan Miró. Según sostendrá la fiscalía en el próximo juicio, cuando el joven estaba preso los dos acusados maniobraron para que se retractara de la declaración que había realizado ante el juez. Así, el funcionario de prisión le hizo entrega al preso de una carta, que debía ser enviada al juez Penalva, en la que el Ico se desdecía de sus manifestaciones y, por tanto, negaba que las declaraciones que había realizado respondieran a la realidad.
Según la fiscalía, fue el funcionario de la cárcel, aprovechando que se encontraba de servicio en el módulo de ingresos, quien abordó a el Ico y le entregó la carta ya redactada. El preso es analfabeto y, por tanto, era incapaz de escribir dicho documento. El trabajador, según se detalla en el escrito de acusación, conminó al recluso a que firmara la carta y que después la enviara él mismo al juzgado. Al mismo tiempo, le advirtió que si no cumplía esta indicación, "a las malas podría entrar por la noche y ahorcarle, que le echaría una manta por encima y lo ahorcaría". También le señaló que tenía que enviar la carta desde el mismo módulo en el que estaba cumpliendo condena.
La carta, según detalla la acusación, se afirmaba que el policía sindicalista Jaime Garau "no había hecho nada". Al preso se le exigió que fuera él mismo quien enviara la carta al juzgado, para que así constara documentalmente el envío.
El recluso, ante las presiones y amenazas recibidas, firmó la carta que le entregó el funcionario de prisiones. Sin embargo, se negó a enviarla. El propio Ico fue quien puso en conocimiento de la dirección de la prisión esta situación, e informó también a la Policía.
Según describe el escrito del fiscal, los dos acusados, para recompensar al recluso, conociendo que era un consumidor habitual de droga, le facilitaron sustancias estupefacientes dentro de la cárcel. En concreto, le entregaron varias pastillas de un tranquilizante y unos seis gramos de hachís.
El Ico ya había tenido un enfrentamiento previo en la calle con el sindicalista Garau, que intentó también influir en su testimonio. Un día le sorprendió en el aparcamiento de la cárcel, donde el hijo de la Paca había ido a visitar a su mujer. El policía local le indicó que "si seguía declarando como lo hacía, iba a tener muchos problemas". El joven de Son Banya le preguntó qué tipo de problemas iba a sufrir, a lo que el policía le advirtió que "le harían muchos controles e inspecciones" y le advirtió que "le joderían la vida".
