Alrededor de 400 familias de Balears reciben ayudas para pagar la factura de la luz, beneficiándose del bono social del Gobierno y/o recibiendo alguna aportación a través de las subvenciones que el Govern ha dado a las entidades sociales para ayudar a sufragar la pobreza energética.
El pasado octubre el Gobierno aprobó un decreto que cambia los criterios a seguir para conceder el bono social, que ahora se fija más en los ingresos por hogar y amplía el porcentaje de descuento en la factura según el grado de necesidad: si hasta ahora el máximo de descuento era del 25% (para los consumidores vulnerables), con el nuevo decreto también se contempla la opción de una rebaja del 40% (para los consumidores vulnerables severos) y del 50% (para los que están en riesgo de exclusión social).
Los usuarios que ya se benefician de este bono social o que creen que cumplen los requisitos para comenzar a recibirlo tienen hasta abril de 2018 para solicitar la renovación.
De qué forma se ejecutará este nuevo bono social es un de los puntos que se trató ayer en la Mesa de Lucha contra la Pobreza Energética, presidida por el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, y con la presencia del director general de Energía, Joan Groizard; los ayuntamientos de Palma y Calvià; asociaciones de consumidores; la Plataforma Antidesahucios; Cáritas; Cruz Roja y representantes de las compañías eléctricas.
También se pusieron sobre la mesa y se explicaron otras novedades del decreto como que el plazo para pedir el corte de suministro en caso de impago pasa de dos a cuatro meses para los consumidores acogidos al bono social.
Además, cuando se pongan en contacto con los usuarios por impagos las comercializadoras están obligadas a informarles sobre la existencia del bono social. Asimismo, cada semana las empresas deben informar a la Administración de los casos de impagos que hayan detectado.
La Administración creará un registro de consumidores vulnerables para gestionar la comunicación con las comercializadoras. Por ello, indicó Pons, ya se ha activado un proceso de coordinación entre Govern, Consells y ayuntamientos para detectar e informarse sobre posibles consumidores vulnerables que podrían acogerse al bono.
Como complemento a este bono social que regula y ha ampliado el Gobierno a través de este nuevo decreto, el Govern balear reservó el año pasado 400.000 euros para ayudar a las familias que no pueden pagar la factura de la luz durante el invierno pasado y éste que ahora empieza. Las ayudas se distribuyen a través de las entidades sociales y el invierno pasado se repartieron 260.000 euros.
