Le quedaría muy agradecido a cualquier experto en asuntos jurídicos que me pudiese explicar en qué artículo de la Constitución de 1978, o de la enmienda que creo recordar que tuvo, figura el que las administraciones de Madrid y de Palma deben andar a la greña de forma obligada. Porque así estamos de continuo y, desde luego, no cabe concluir que se trata de un problema entre partidos políticos de distinto pelaje ideológico porque, que yo recuerde, los enfrentamientos entre el Gobierno del reino de España y el Govern de les Illes Balears se producen al margen de quiénes ocupan los respectivos sillones de mando. Ya sea el Partido Popular o el Socialista —en sus distintas modalidades— los que se enfrenten en cualquiera de las cuatro posibles combinaciones, el resultado es idéntico: todos proclaman con gran alarde de sentimiento de Estado que la particularidad isleña merece un tratamiento especial; todos aseguran estar dispuestos a comprometerse en lograrlo; todos se cuelgan las medallas a la que las leyes se aprueban y los reglamentos se establecen; todos se dan la espalda a partir de ese momento y venga de nuevo a empezar.
Como explica el reportaje de estas páginas, el rifirrafe va ahora de los torrentes más bien faltos de una limpieza digamos normal desde que el convenio en vigor en el año 2013 entre Gobierno y Govern se convirtió, una vez más, en papel mojado. A partir de entonces apenas hubo fondos para limpiar los cauces y prevenir así los resultados de las torrentadas, y estamos hablando de cuatro años. Que el plazo de vigencia del convenio de marras se prolongase en teoría hasta 2014, o que desde entonces se haya intentado renovar sin éxito alguno, son circunstancias que forman parte de esos arcanos sin duda presentes en nuestra Carta Magna porque, de no ser así, cuesta entender lo que nos sucede. Y, como es obvio, los problemas de la falta de entendimiento, voluntad, sentido común o mínima capacidad de gestión van mucho más allá de la concesión de fondos para dejar los torrentes en condiciones. Están los enfrentamientos respecto del cierre de la central contaminante de Es Murterar, a los que se hizo referencia aquí mismo hace justo una semana; están los problemas eternos que afectan la ampliación del Parque de Cabrera; están los recursos elevados desde el Gobierno al Tribunal Constitucional para echar abajo las leyes de comercio o de los espectáculos taurinos promovidas en el Parlament? Está, en especial, el asunto de fondo de una financiación adecuada a las necesidades de un archipiélago que se nos promete siempre, tanto por parte de los tirios como de los troyanos, y no llega jamás.
El misterio es, pues, de los dignos de estudio. Porque si bajo el punto de vista de la sensatez política y del compromiso ciudadano resulta fácil entender que las administraciones que son ramas del mismo árbol del Estado deben entenderse, en especial cuando la teoría del acuerdo queda muy clara, pero eso no sucede casi nunca, algo tremendo debe existir en algunas de esas alcantarillas que quedan ocultas a la vista de los contribuyentes. Por favor, que nos expliquen qué es. Por bastante menos, en otros pagos han montado el conflicto institucional más grande desde el golpe de Estado que dio el coronel Tejero. ¿Cuántas repúblicas habrá que declarar para que te cuenten qué es lo que pasa?
