El PSIB-PSOE celebra que el PP se sume al criterio del Govern para que la central eléctrica de Maó pase a funcionar con gas natural y esperan que defiendan también el planteamiento del Ejecutivo autonómico de que debe cerrarse la de es Murterar de Alcúdia.

En un comunicado, el Grupo Parlamentario Socialista celebró ayer el cambio de criterio del PP con respecto a la central eléctrica de Maó al votar en la Comisión de Medio Ambiente del Parlament a favor de una enmienda socialista para la transición energética y que antes de 2020 funcione con gas natural, en vez de con fuesoil.

El diputado socialista Damià Borràs consideró que este cambio de postura es "un paso importante" para lograr que el PP se acabe sumando al cierre de es Murterar, postura defendida por los socialistas y el Govern y que el ministerio de Energía se ha negado a autorizar.

Además, la comisión también aprobó con el voto favorable del PP la enmienda de los socialistas para instar al Gobierno de España a "impulsar las medidas necesarias para que Menorca alcance el objetivo de emisiones cero en 2050", por lo que "no se entendería que el PP quisiera emisiones cero en Menorca y mantener una central altamente contaminante en Mallorca".

Las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista aprobadas sustituyen a los puntos planteados en una Proposición No de Ley del PP, que pedía el cambio de ubicación de la central de Maó.

Hay que recordar que el pasado lunes, el secretario de Estado de Energía, Daniel Dávila, comunicó al conseller Marc Pons que no aceptaban que la central de Alcúdia se cerrara, tal y como tenía previsto el Govern para eliminar una de las instalaciones más contaminantes de España.

Ante esta negativa, Pons les anunció que el Govern denunciará ante la Unión Europea el incumplimiento de compromisos internacionales en materia ambiental por parte del Ministerio al negarse a cumplir la clausura de la instalación con más emisiones de todas las Balears.

Tras esta negativa, se produjo un importante choque entre Govern y Ministerio. Madrid afirmó que el cierre costaba 200 millones y Balears alegó que eran solo 10.