Munar afronta su semana clave

El único punto a tratar es intentar alcanzar un acuerdo ante los dos últimos juicios que todavía le quedan por afrontar a la expresidenta de Unió Mallorquina, casos por los que la fiscalía solicita penas que suman hasta trece años de prisión. Sin embargo, Anticorrupción estaría dispuesta a rebajar esta condena, siempre y cuando Munar reconozca el delito y pague dinero para compensar el daño económico que pudo cometer a través de estos dos casos.

Uno de los juicios corresponde a la pieza principal del llamado caso Maquillaje, por el que se denunció que Munar concedió ilegalmente la radio pública del Consell de Mallorca, facilitando una inversión de tres millones de euros públicos. El otro es el llamado caso Son Oms, un pelotazo urbanístico por el que la fiscalía sostiene que la expresidenta del Consell obtuvo un beneficio económico por facilitar, desde su cargo público, un cambio de calificación urbanística en estos solares de Can Pastilla.

Munar lleva ya más de cuatro años encerrada en la cárcel de Palma cumpliendo, de momento, los catorce años de prisión que le han impuesto los tribunales a través de diferentes juicios. Y, hasta ahora, no se ha beneficiado ni de un solo permiso de salida, pese a que los ha ido solicitando en reiteradas ocasiones. La respuesta ha sido siempre ha sido la misma: no se le pueden conceder permisos de salida mientras tenga varios pendientes procesos judiciales. Por este motivo, aunque sea a cambio de confesar públicamente que cometió un delito, como ya hizo en el caso Can Domenge, Munar pretende resolver de una vez por todas los dos casos de corrupción que le quedan pendientes. Así, facilitaría la posibilidad de conseguir algún permiso de salida.

Precisamente, después del juicio de Can Domenge, la expresidenta del Consell decidió cambiar de letrado, para facilitar un pacto definitivo con la fiscalía Anticorrupción. Por ello, prescindió del abogado de Madrid que le defendió, con muy poco éxito, en los cuatro juicios en los que se la declaró culpable. Y por ello, recurrió al abogado Gaspar Oliver, que entendió que era el profesional más adecuado para conseguir dicho acuerdo. La negociación se ha iniciado porque a final de mes la Audiencia ha fijado fecha para determinar con las partes el calendario para que se celebren estos dos últimos juicios por corrupción contra Munar y contra otros antiguos políticos de Unió Mallorquina.

Precisamente, el hecho de que se trate de una negociación en la que participan varios imputados puede dificultar el acuerdo con Munar. Sin embargo, parece que la expresidenta de UM no es la única interesada en resolver de una vez por todas sus problemas judiciales. El resto de imputados también lo están, unos porque ya han sido condenados y están cumpliendo en prisión, como es el caso de Miquel Nadal, y otros para encontrar una solución a un caso que lleva más de ocho años instruyéndose en el juzgado.

Las condiciones que va a exigir la fiscalía son de momento una incógnita, pero como ha hecho en todas las negociaciones sobre los casos de corrupción, la condición ha sido confesar el delito y entregar dinero. Y parece que Munar está conforme en cumplir con estas dos condiciones, aunque depende de la condena que le plantee la fiscalía y también de la cifra económica que se le reclame, ya que la expolítica de UM ya se encargó de manifestar que estaba económicamente arruinada.

Obligado cambio de estrategia

Munar se ha visto abocada a cambiar de estrategia debido a los fracasos que ha tenido cada vez que ha afrontado un juicio por corrupción. Y, sobre todo, a la dura respuesta que han tenido los jueces de Mallorca en todos los casos en los que ha sido la principal acusada. A pesar de las solventes pruebas que aportaba la fiscalía contra ella, la poderosa política intentó contrarrestar los argumentos de la acusación. Sin embargo, los jueces no dudaron ni un segundo en declarar que era culpable y enviarla a la cárcel.