El Consell de Mallorca ha decidido recular en la creación de una empresa pública para gestionar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de forma directa, anunciada a bombo y platillo por la consellera socialista Mercedes Garrido. Informes técnicos y jurídicos han aconsejado a la institución insular desestimar esta fórmula, ya que la llamada Ley Montoro impide poder subrogar los 112 trabajadores de la actual concesionaria.
La opción elegida para gestionar la ITV es mediante un contrato de servicios. Uno de los objetivos del Consell era conseguir que los más de cinco millones anuales de beneficio de la concesionaria revertieran en el servicio y así poder bajar la tarifa a todos los mallorquines que deben evaluar a su coche. Ahora, con la opción elegida, la gestión económica será del Consell y el servicio lo prestará una empresa subcontratada.
El actual contrato con la empresa concesionaria -General de Servicios ITV SA- expira en junio de 2018. Por ello, el pasado mes de abril el Consell de Mallorca anunció que se pondría a trabajar ya para crear la empresa pública y asumir el servicio, con la intención de continuar ofreciéndolo y la firme intención de rebajar los precios a los usuarios. Sin embargo, no contaban con que no se podría subrrogar a los trabajadores y han optado por una fórmula intermedia.
