La juez Ana María Sánchez, titular del juzgado de primera instancia número 7 de Palma, ha rechazado la demanda presentada por la diputada del grupo mixto, Monserrat Seijas, que reclamaba su derecho a reingresar en Podemos, partido del que fue expulsada por incumplir el código ético. La juez rechaza la demanda y le impone las costas. Seijas fue expulsada como consecuencia de su amenaza, junto a la entonces presidenta del Parlament, Xelo Huertas, de boicotear el apoyo a los presupuestos generales de la comunidad autónoma del año 2017, por la decisión del Govern de dejar de financiar el laboratorio del compañero de Podemos, Daniel Bachiller. Esta intención, que fue comunicada a través de un chat interno que manejan los diputados de Podemos en el Parlament, justificó el inicio de un expediente, que concluyó, a finales del año pasado, con la expulsión definitiva de Seijas, así como de Huertas, que tuvo que abandonar la presidencia del Parlamento.

Seijas denunció en el juzgado que la actuación de Podemos, al decretar su expulsión, había supuesto la vulneración de hasta siete derechos fundamentales, reclamando a la juez que decretara la anulación del acuerdo y, por tanto, pedía su reingreso en el partido político.

Ante estas graves acusaciones, Podemos se defendió señalando que se había limitado a aplicar su código ético interno, que tienen que cumplir todos los cargos internos del partido, dado que la diputada de Balears había puesto por delante sus intereses personales, al apoyar a Bachiller, que los intereses generales de la comunidad autónoma.

La juez ha analizado la tramitación que se realizó desde Podemos, que concluyó con la expulsión de la diputada, llegando a la conclusión de que no se había infringido ni uno solo de los derechos que denunciaba Seijas. La sentencia reitera la importancia que da el partido morado al cumplimiento estricto del código ético que aprobó la formación, en defensa del interés general frente al interés particular, por lo que acepta que la postura de Seijas, al amenazar con no dar su apoyo a la aprobación de los presupuestos, fuera calificada de falta muy grave, merecedora de la expulsión.

Podemos celebró ayer la sentencia: "No vulneramos ningún derecho fundamental ni le causamos indefensión".