El futuro de la central de es Murterar se juega mañana en Madrid, y desde el Govern no se oculta que si el Ejecutivo estatal se niega a dar el visto bueno a su cierre, las relaciones entre ambos se pueden volver muy tensas. El conseller de Territorio, Marc Pons, acudirá a la entrevista con el secretario de Estado de Energía, Daniel Dávila, acompañado de refuerzos, en concreto de representantes de los productores de energías renovables, al ser este colectivo uno de sus principales aliados a la hora de proceder a la clausura de las viejas instalaciones de Alcúdia, y para el que se van a reivindicar ayudas económicas. Desde la Conselleria se insiste en que se mantiene "la esperanza" de obtener mañana una respuesta definitiva y favorable, aunque tampoco se oculta que en caso contrario la reacción del Ejecutivo autonómico va a ser dura.

La reunión que este lunes se va a mantener genera dudas respecto a la respuesta que se va a obtener del ministerio de Energía porque ya se esperaba su apoyo en la reunión que ambas partes mantuvieron el pasado día 2. En ese encuentro entre Marc Pons y Daniel Dávila estaba previsto el visto bueno definitivo, a la vista de que los contactos mantenidos hasta la fecha en relación a este tema habían ido como la seda. Pero algo se torció en el último momento, al expresar los representantes del Gobierno central sus dudas sobre esta iniciativa y reclamar unos días más para analizarla. Aunque nadie en la Conselleria pone nombre a las sombras surgidas en este encuentro, desde el sector energético se reconoce el temor a que se hayan dado presiones desde Endesa. La causa es que producir electricidad con carbón, como en es Murterar, es más barato que hacerlo con gas natural, como en las instalaciones de Son Reus.

Contaminante y prescindible

Para entender la insistencia del Govern a la hora de cerrar es Murterar, con unos plazos inicialmente fijados para parar sus dos equipos más antiguos (35 años de vida) en 2020, y los otros dos alrededor de 2025, hay que tener en cuenta un dato básico: esta central aparece en la lista de las 10 mayores instalaciones emisoras de gases de efecto invernadero de España.

Otro dato fundamental: Red Eléctrica ha confirmado al Govern que es Murterar es prescindible y que su producción puede ser asumida por las dos centrales de gas antes señaladas. Solo que ese relevo resulta más costoso.

Es en este punto donde la Conselleria busca la alianza de las empresas productoras de energías renovables, cuyos costes de generación son más bajos incluso que el carbón. La intención del Govern es que el cierre de es Murterar sea compensado con una mayor producción mediante gas, más cara, pero también con una aportación de renovables, más económicas. El resultado, según el conseller Pons, es que la suma de ambos factores haga que la clausura de las instalaciones de Alcúdia suponga un coste insignificante para un sistema energético español que afronta un gasto de 30.000 millones de euros anuales.

En concreto, los dos grupos de es Murterar que se quieren cerrar en una primera fase tienen una potencia total de 241 megavatios (MW), algo que pueden asumir las centrales de Cas Tresorer y de Son Reus, que funcionan con gas natural y cuya actividad es "mínima".

Pero además, la apuesta del Govern es que el recorte de producción de la central de Alcúdia no sea compensado totalmente por las dos de gas, sino que una parte importante sea sustituida por parques fotovoltaicos. Ahora mismo hay en trámite proyectos en las islas con una capacidad de 194 MW, y se quiere impulsar la apertura de nuevas instalaciones de renovables de menor tamaño de la mano de ayudas económicas públicas.

Para ello, Pons irá mañana a Madrid de la mano de los representantes de los productores de estas energías limpias, con una reclamación adicional. Las líneas de ayuda del Estado para estos proyectos se quedan sistemáticamente en la península, y en concreto en los megaparques que allí se pueden abrir, y no llegan al archipiélago. Marc Pons pretende obtener del Ministerio lo mismo que ya tiene Canarias: una línea de subvenciones específica para Balears, de forma que se garantice que los proyectos que se quiere abrir en las islas también van a poder acceder a ayudas públicas. Eso elevaría la producción que puede llegar de las renovables y limitar aun más el impacto que puede tener el coste del cierre de es Murterar. También en este punto se espera una respuesta positiva de Madrid, a la espera de concretar los detalles.

Rechazo de los trabajadores

Sin embargo, esta pretensión del Govern balear cuenta con un rechazo público y potente de la plantilla de la central de Alcúdia y de sus representantes sindicales, al considerar que va a suponer la destrucción de medio millar de empleos "estables y de calidad".

Desde el comité de empresa no se oculta que el cierre de estas instalaciones deberá adelantarse a la fecha de 2050 establecida en el acuerdo de París, pero se califica de "temeridad técnica y laboral" adoptar esta medida sin disponer de un plan estratégico lo suficientemente meditado.

Los trabajadores de es Murterar alegan que sin sus equipos a pleno rendimiento, el suministro eléctrico de Mallorca sería inestable y de mala calidad, a lo que se sumaría el riesgo de que se registraran apagones.

En el otro lado, el Govern se defiende indicando que con ese cierre se podría pasar del 2% de producción de renovables a un 10% en 2020, para en 2025 alcanzar el 20%, con cinco años de retraso respecto al compromiso adquirido con Europa.