Los aspectos técnicos relacionados con la central térmica de es Murterar le dan la razón al Govern en su empeño de que se mantenga la fecha de cierre de los dos equipos más antiguos de las instalaciones de Alcùdia en 2020, es decir, tres décadas antes de que la Unión Europea imponga una clausura forzada y definitiva de cualquier central así.
Las razones, ya digo, abundan: quemando carbón, es Murterar es una de las fábricas de energía eléctrica más contaminantes que existen en España; hay alternativa para la producción de fluido eléctrico por medio del uso de gas natural (como Cas Tresorer y Son Reus, centrales infrautilizadas ahora mismo) y, ya que estamos, el cierre inmediato de los módulos más anticuados de la central de Alcùdia supondría una oportunidad para poder recuperar el uso de las energías limpias que, ¡ay!, aquí en Balears no terminan de asentarse por culpa de la falta de suficientes ayudas estatales. Una vez más, los agravios comparativos aparecen dado que Canarias sí que cuenta con un programa eficaz de ayudas a las energías renovables.
Tan claros están los motivos para que se lleve a cabo la clausura, aunque sólo sea parcial de momento, de es Murterar que asombra el que en la reunión anterior con los responsables del ministerio de Energía no se terminase de cerrar el compromiso. De ahí que salten las sospechas. Mañana los representantes del Govern acuden a la reunión con el Secretario de Estado de Energía con la mosca detrás de la oreja.
Y en busca de los porqués de las dudas ministeriales, aparecen los dos componentes más sospechosos en toda negociación: el económico y el laboral. Utilizar carbón como combustible es de lejos el sistema más rentable para una compañía como la que gestiona es Murterar, Endesa, por lo que resulta tentador suponer que a sus ejecutivos les hará muy poca gracia cerrar esa central. Con el añadido de que, como denuncian los empleados de las instalaciones de Alcùdia, no existe ningún plan estratégico dentro de la compañía para asumir los costes sociales del cierre.
Estos dos supuestos tropiezan con la noticia de que Iberdrola, la mayor competidora de Endesa en el mercado, acaba de solicitar al ministerio de Energía el cierre de sus dos plantas que queman carbón en Asturias y Palencia. Las razones de acabar con las centrales de Lada y Velilla tienen que ver tanto con la condición residual de ese tipo de instalaciones térmicas, dado que entre ambas alcanzan sólo el 1,8% de la producción de energía de Iberdrola, como con el hecho de que los planes de la compañía incluyen el que dichos cierres no afectarían a los empleos de los trabajadores.
Semejante decisión obliga a plantearse si las estrategias empresariales de Endesa y de Iberdrola son tan diferentes en un mundo cada vez más globalizado como el de hoy. O si el cambio de actitud del ministerio de Energía no tendrá que ver en realidad con la política energética que quiere mantener el Gobierno, aún por aclarar. Nos encontraríamos, pues, con una controversia entre lo que sería una cuestión empresarial y lo que supondría una opción política, cosa que afecta por completo a la postura que debe mantener el Govern en su reunión de mañana.
Apostar por una presión técnica de la mano del sector de las energías renovables puede ser un error si las bazas a jugar son políticas. Y nos jugamos mucho como para equivocarnos.
