Quince inmigrantes que llegaron en patera a Mallorca el pasado 27 de septiembre han sido puestos en libertad por la saturación que sufre el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona, donde esperaban para ser deportados a su país.

Estos argelinos salieron del puerto de Dellys y fueron interceptados por la Guardia Civil en Cabrera. Fueron puestos a disposición judicial y trasladados al CIE de Barcelona, pero la masificación del centro impidió tramitar sus expedientes dentro del plazo máximo que establece la ley y han acabado saliendo en libertad.

Ahora viven en un limbo legal porque están en la calle sin papeles ni perspectiva de conseguirlos en mucho tiempo, lo que limita considerablemente sus movimientos.

Y no son los únicos. La saturación de todos los CIE's de la Península y Canarias es generalizada y afecta indistintamente a los de Barcelona y Valencia, donde son trasladados todos los inmigrantes que tratan de alcanzar la costa de Balears de manera irregular.

Dos de cada tres internos salen libres antes de poder tramitarse su expulsión a su país de origen. En el caso del centro de la capital catalana, solo el veinte por ciento de los inmigrantes son deportados. El resto salen por la puerta, obligados a vivir una situación de semiclandestinidad. De este modo, se da por seguro que decenas de sin papeles llegados este año a Mallorca han evitado su deportación.

Hay un sentimiento de frustración en la Guardia Civil y en la Policía Nacional, que destinan una ingente cantidad de recursos humanos y materiales en la detención de estos ciudadanos indocumentados para que, mayoritariamente, acaben saliendo en libertad. En algunos casos a los argelinos interceptados en Balears se les llegan a leer tres veces sus derechos: la Guardia Civil, que les detiene; la Policía Nacional, que les custodia al tener las competencias en Extranjería; y en el juzgado de guardia en el que son puestos a disposición judicial.

Todo el operativo obliga a movilizar a un notable número de agentes y funcionarios. Y una vez en el CIE empieza una carrera a contrarreloj para determinar el origen del ciudadano, que la inmensa mayoría de las veces está indocumentado. En el caso de los argelinos que llegan a Mallorca, un representante diplomático del país árabe se entrevista con cada uno de ellos en el mismo CIE para tratar de corroborar su origen e identidad.

Estos centros, muy criticados por ONG's y activistas, se abrieron para retener a todos los extranjeros que llegan a España de manera irregular mientras se tramita su repatriación. Sin embargo, la gran cantidad de expulsiones que se frustran demuestra que, a día de hoy, son una solución fallida.

El camino de los menores

Los menores siguen otro protocolo. Si un detenido afirma que es menor se queda en la isla para someterse a una prueba radiológica de la muñeca, la más generalizada en estos casos. Si se confirma que no sobrepasa los 18 años, el inmigrante queda bajo la tutela del Consell, que le escolariza, le asigna un educador social y le aloja en uno de los pisos de acogida que tiene la institución.

Sin embargo, frecuentemente los menores se escapan al cabo de un cierto tiempo, lo que constituye otro motivo de frustración para los agentes.

La llegada de inmigrantes también moviliza a la Cruz Roja, que brinda atención sanitaria a los que la necesiten y les proporciona agua, alimentos, mantas y ropa térmica.

El operativo se ha convertido en un camino sin salida. Y es susceptible de empeorar. Este 2017 se ha disparado el número de argelinos que han tratado de alcanzar la costa de Balears de manera irregular. La policía ha detenido a 271 inmigrantes que han llegado en 24 pateras desde enero. Las cifras contrastan abruptamente con las de 2016, que se saldó con 26 sin papeles y tres pateras interceptadas.

La mayoría de ellos consiguen su objetivo porque los CIE's no pueden gestionar tantas llegadas. Allí se unen los inmigrantes sin papeles detenidos en Balears y en otros puntos del Estado. Pasados dos meses, tiempo máximo en el que pueden permanecer recluidos en los centros de extranjería, son liberados.

El notable incremento de llegada de pateras este año en las islas -en octubre fueron detenidos más de cuarenta en solo 24 horas- ha llevado a la Unión Federal de Policía a pedir la apertura de un CIE en Mallorca.

Este sindicato considera que de este modo se eliminarían los costes que supone trasladarlos a Barcelona o Valencia. Sin embargo, esta idea no está de momento sobre la mesa de las administraciones porque, pese a las cifras, el número de inmigrantes que alcanzan el archipiélago sigue siendo muy reducido en comparación con el tráfico que hay en el Estrecho o en el Mar de Alborán.

Ahora uno de los focos del problema se concentra en el club náutico de sa Rápita, donde se acumulan lmedia docena de pateras incautadas por la Guardia Civil. Los responsables de la instalación han pedido su retirada o destrucción de allí alegando problemas de espacio. Sin embargo, la Benemérita necesita de una orden judicial para ello porque a día de hoy están precintadas por mandato del juez.

Mallorca es una estación de paso para la mayoría de los inmigrantes que tratan de alcanzar su costa. En caso de no ser interceptados por la Guardia Civil o la Policía Nacional, muchos de ellos se desplazan después a la Península, donde se establecen o prosiguen su viaje hacia Francia.