El Govern, a través de la Dirección General de Transportes, deberá iniciar de nuevo el expediente administrativo con respecto a la petición para autorizar 200 nuevos vehículos con conductor. Tendrá que tramitar de nuevo dicha documentación, porque así lo ha ordenado el Tribunal Supremo, al considerar que en su momento la administración actuó de una forma incorrecta, al denegar las licencias porque la empresa interesada no había entregado toda la documentación que se le exigía. Los jueces aceptan el recurso administrativo que ha presentado ante el Tribunal Supremo la sociedad Ares Capital, que recurría una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears, que le daba la razón a la administración autonómica, frente a esta empresa. El TSJB interpretó que la administración había actuado correctamente, al no otorgar estas 200 licencias, por la falta de los documentos correspondientes.

La sentencia del Supremo tiene una transcendencia más de forma que de fondo, pues en ningún momento obliga al Govern a que conceda estas licencias para autorizar que estos vehículos con conductor puedan trabajar en Balears. Lo que cuestionan los jueces es que en su momento, en el año 2013, se negó a autorizar estos permisos porque no se entregaron todos los documentos que se exigían, cuando lo que tenía que hacer, porque así venía marcado por la ley, es requerir a la empresa para que solucionara los errores y darle un plazo mínimo de tres meses para poder hacerlo.

El director general de Transportes del Govern, Jaume Mateu, que conocía el contenido de esta sentencia, explicó ayer que esta orden judicial obligará a retrotraer todas las actuaciones, de tal forma que se puedan subsanar las deficiencias administrativas. Sin embargo, aclaró que el Supremo no obliga, en ningún momento, a que el Govern apruebe estos permisos. De hecho, Mateu confirmó que no solo se había denegado la propuesta de la empresa Ares Capital, sino que no se había autorizado ni una sola licencia más para que circularan nuevos coches con conductor en Balears.

Mateu se mostró contrariado con el criterio impuesto por el Supremo y recordó que en su momento los jueces de Balears dieron la razón al Govern, aplaudiendo que las licencias no se otorgaran por no entregarse la documentación correspondiente. Sin embargo, ahora los jueces interpretan la situación de diferente manera, y le dan la razón a la empresa. El director general se comprometió a estudiar de nuevo la petición que pueda presentar de nuevo la empresa del sector del transporte. Sin embargo, aclaró que, aunque haya ganado el caso en el Supremo, la sentencia en ningún momento obliga al Ejecutivo a que acepte que se aprueben nuevas licencias.