Nadie sabe, ni siquiera por aproximación, lo que va a costar al erario público, es decir, a todos nosotros, el nuevo complejo sociosanitario de Mallorca que ocupará los terrenos del hospital que fue en tiempos de referencia, el de Son Dureta. Lo único cierto es que sólo derribar los tres edificios más deteriorados saldrá por cerca de seis millones de euros, si hay muchísima suerte, porque lo corriente en estos casos es que el precio final supere en buena medida las estimaciones iniciales. Dicho de otro modo, antes de comenzar siquiera a poner un solo ladrillo se habrá gastado ya una verdadera fortuna. Ni que decir tiene que eso es sólo el principio porque levantar luego lo que se quiera construir en vez de lo que hay ahora valdrá lo que se dice bastantes millones de euros más.
Habrá quien piense que se trata de algo del todo normal porque, a decir verdad, vivimos en un país iconoclasta que tira abajo buena parte de lo que las generaciones anteriores han construido sin considerar siquiera las alternativas razonables que existen a la tarea de demolición. Como consecuencia, los edificios más emblemáticos de cualquier ciudad están bajo continua amenaza, si no han desaparecido ya. ¿Habrá que recordar por ventura la historia interminable del caserón que fue de GESA? Lo que en cualquier capital europea es impensable, aquí se convierte en norma y, de tal suerte, en Madrid se ha llegado al espanto del Paseo de la Castellana, con casi todos sus palacetes sustituidos por engendros postmodernos. Por no sacar a colación nuestro Palacio de Congresos.
En Londres o en París habrían sabido sacar provecho a unos edificios hospitalarios como los de Son Dureta que, si bien es cierto que estaban anticuados y con no pocos dolores de cabeza en cuanto al mantenimiento, la inspección técnica realizada hace tres años determinó que no contaban con ningún problema estructural serio. Si se trataba de sustituir el antiguo hospital por otro de cuidados intermedios, es harto probable que saliese mucho más económico adaptar los edificios existentes. Y se mantendría además así una referencia urbanística que marcó toda una época. Pero no. Se trata de echar abajo lo que hay, incluso a un coste inmenso, y levantar otra cosa a la que le llegará en breve su turno de demolición.
Siempre que suceden cosas así, y más aún cuando queda cerca una cita con las urnas, se habla de intereses electoralistas. Pues bien, a lo mejor se trataría de ir más lejos y plantear a quién le conviene en términos no sólo políticos sino económicos el juego del Monopoly adaptado a la realidad urbana. No se trata de arrojar sospechas infundadas sino de plantearse lo obvio: que tendemos a tirar por la calle de en medio en vez de buscar que los edificios duren lo que se supone que una inversión gigantesca debe durar. Ahora que se habla tanto en Europa de las prácticas casi delictivas de obsolescencia programada, que hace que cualquier aparato de uso doméstico haya que tirarlo a la basura poco después de que termine su plazo de garantía, no veo razón alguna para sacar los edificios públicos de esa misma necesidad de replanteamiento. De hecho, es mucho más grave y oneroso despreciar un hospital que una lavadora. Así que, de nuevo, salta la pregunta. ¿Sabemos a quién beneficia que Son Dureta se derribe y se vuelva a construir?
