Una docena de profesores de Religión Católica en Secundaria han dejado su puesto de trabajo y han preferido apuntarse a las listas de interinos ante la exigencia de titulación requerida. Este marcha ya ha dejado a algunos grupos de alumnos sin profesor en Menorca y, según el sindicato USO, el problema del déficit de docentes acabará notándose también en breve en Eivissa y Mallorca.
En el caso de Secundaria, la Conferencia Episcopal dictamina que además del grado universitario del campo que hayan estudiado, los profesores de Religión Católica deben acreditar el grado de Teología o Ciencias Eclesiásticas (también de cuatro años de duración). Eso les permite tener el DECA (Declaración Eclesiástica de Competencia Académica) y el DEI (Declaración Eclesiástica de Idoneidad), también requisitos imprescindibles. En Balears, la conselleria de Educación les reclama además, como a cualquier otro docente de Secundaria, el Máster de Formación del Profesorado.
El Obispado y la conselleria de Educación trabajan juntos desde el año pasado para 'ordenar' la situación de los profesores de Religión Católica y entre otras cosas ser rigurosos respecto a la titulación que deben acreditar. Alrededor de la mitad del profesorado de Secundaria ya está habilitado y a los que no lo están se les ha dado un plazo de cinco años para hacerlo. Ante las perspectiva de tener que estudiar cuatro años más de grado universitario, cada vez son más los docentes de Religión que prefieren apuntarse a la lista de interinos y plantearse las oposiciones.
Así lo constata el sindicato USO, que pide que Educación y el Obispado permitan "flexibilidad" y acuerden medidas para habilitar más fácilmente a los profesores. Asimismo, la agrupación señala que "la situación de incertidumbre que atraviesa el profesorado de Religión" también motiva esta fuga a las listas de interinos y denuncia que al inscribirse "se encuentran nuevamente con un trato discriminatorio" al no ser puntuados, asegura el sindicato, "como el resto de aspirantes, atendiendo a su experiencia laboral y méritos aportados". Por ello, el sindicato ha interpuesto un Contencioso Administrativo, que se suma a los procedimientos que ya inició hace dos cursos tras el ERE iniciado por la conselleria de Educación: un recurso por la reducción de horas lectivas de la materia (el argumento usado desde Conselleria para hacer el ERE) y un Conflicto Colectivo por las reducciones de jornadas que se adjudicaron el curso pasado (opción por la que finalmente se decantó Educación para no acometer ningún despido). Asimismo, USO ha presentado alrededor de cien demandas por las modificaciones sustanciales que han sufrido en su jornada laboral y ante el Sistema Estatal de Empleo (SEPE) por haberles vetado al derecho al paro.
Pese a todas estas iniciativas judiciales e inquietudes, USO ha valorado la actitud dialogante de la conselleria de Martí March y ha admitido que este año la baremación para el reparto de destinos se ha hecho mejor que el curso pasado.
