Más de 250 juristas de todo el país se reunieron ayer en Palma para participar en unas jornadas sobre la prevención del delito de blanqueo de capitales, que se celebran en el Colegio de Abogados de Balears. Una jornadas que, entre otros expertos, contaron con la participación del magistrado del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Megal, y del presidente de la Audiencia Nacional, el juez José Ramón Navarro Miranda. Ambos juristas explicaron las características del delito de blanqueo de dinero, las modificaciones legislativas que ha sufrido y la jurisprudencia que están marcando los tribunales para castigar a quienes lo cometen.

Así, el magistrado del Supremo, Julián Sánchez, denunció que el blanqueo de capitales es un delito "que mancilla nuestra sociedad", al tiempo que consideró que en la lucha contra esta actividad delictiva es fundamental "seguir el flujo del dinero". Explicó que los casos más claros son los de las personas que incrementan su patrimonio sin poder demostrar el origen del dinero. Señaló que hasta el año 2010 no se aprobó en España, dentro del Código Penal, una modalidad específica sobre el delito de blanqueo de capitales y ello se debió, entre otras muchas circunstancias, al interés del Estado en atacar este delito a través del flujo del dinero. Hasta entonces, el blanqueo se castigaba a través del delito de receptación.

El magistrado agregó que la jurisprudencia en España sobre este delito todavía es escasa, pero apuntó que no se puede condenar a una persona por blanqueo de capitales, si previamente no se demuestra que el dinero que maneja es de origen ilícito, es decir, que proceda de un delito. Debido a que las jornadas van dirigidas sobre todo para abogados, el juez hizo hincapié en la difícil línea que existe "entre el asesoramiento y la ayuda al blanqueo". También explicó que existe una discusión sobre si se puede considerar delito gastar o invertir unos fondos económicos que provienen de una infracción tributaria, si bien aclaró que el legislador se decanta por no castigar estas conductas.

Por su parte, el presidente de la Audiencia Nacional, el magistrado José Ramón Navarro, explicó que alrededor "del 80 por ciento de los delitos económicos se cometen en actividades relacionadas con la empresa". Explicó que la Unión Europea se ha mostrado muy interesada en la lucha en la prevención y persecución del blanqueo de capitales, por lo que ha exigido a muchos países realizar una serie de reformas. Detalló también que la responsabilidad penal puede alcanzar, "tanto a la empresa, como a la persona física". Y en este sentido, citando las recomendaciones de la Unión Europea, detalló que los delitos que cometen personas jurídicas, como pueden ser partidos políticos o sindicatos, se castiguen a través del código penal y no con sanciones administrativas.