Alquiler turístico sí o no. El fenómeno, tan controvertido como masivo, protagonizó ayer una nueva edición del Foro Turismo+ organizado por el Club DIARIO de MALLORCA en un abarrotado salón de actos. Un debate que evidenció dos posturas irreconciliables y, al mismo tiempo, condenadas a entenderse.

La jornada fue coordinada por Antoni Munar Cardell, experto en turismo y asesor de empresas. Contó con el patrocinio de la Agència de Turisme de Balears (ATB), el BBVA y la cadena hotelera RIU. Y con la colaboración de Sanitas, MEVISA y AICO. La mesa redonda contó con el concurso de Antoni Noguera, alcalde de Palma; Tolo Gomila, miembro de la junta directiva de la Federación española de asociaciones de viviendas y apartamentos turísticos (FEVITUR); Joan Franch, profesor de Derecho de la UIB; y Juanjo Riera, presidente de la Federación Hotelera de Eivissa y Formentera.

“¿Queremos una ciudad turística o turistificada? ¿Una ciudad de éxito o que se muera de éxito? Nosotros queremos que sea un éxito para quien la habita y para quien la visita”, arrancó Noguera.

Una palabra se repitió en los discursos de los detractores del alquiler turístico: especulación. “Nuestra prioridad es garantizar el acceso a la vivienda. Vamos a atacar la economía especulativa”, destacó Noguera, que no quiso dar pistas sobre la futura zonificación de Palma que servirá para determinar un número de plazas de alquiler vacacional. “Lo haremos de manera coordinada con el Consell. Después esta ciudad será más habitable”, indicó el alcalde, al tiempo que lanzó una pregunta: “¿Economía colaborativa es tener tres pisos y ponerlos en alquiler turístico?”.

“Esta actividad ha tenido algunos defectos. Los últimos cuatro años el precio del alquiler ha subido un diez por ciento en Palma. Muchos desahucios también son de alquiler, no de hipotecas. Aunque es cierto que ha habido nefastas políticas de vivienda en esta ciudad. El problema es que la mayoría de las familias destinan más del cincuenta por ciento de sus ingresos a pagar esa renta, pese a que la UE recomienda no destinar más del treinta por ciento”, relató Noguera.

El caso ibicenco

Todavía más rotundo se mostró Juanjo Riera, que puso el acento en los efectos sociales de este fenómeno. “Es imposible que una pareja se emancipe de sus padres. Y encima estas viviendas cargan todos sus gastos a la sociedad. No pagan comunidad ni impuestos municipales como el de las basuras. Lo que hay en Eivissa no es economía colaborativa, es especulativa pura y dura”, subrayó el hotelero pitiuso.

Asimismo, ilustró la dimensión del fenómeno en su isla. “El Consell de Eivissa cree que hay 50.000 plazas que se alquilan de forma alegal. La capital tiene 55.000 habitantes. Así que es como si cogieras toda la ciudad y la llenaras de turistas. En cambio, las plazas hoteleras se han reducido”, afirmó.

Riera utilizó el ejemplo de Nueva York. “Hay un problema de convivencia social porque ha venido gente a comprar pisos y apartamentos para especular. Airbnb carga toda la responsabilidad sobre el anfitrión. No es economía colaborativa. En Nueva York hubo una subida de precios de la vivienda tanto en venta como en alquiler. Así que la ciudad prohibió los alquileres de menos de treinta días a menos que vivas con el propietario de la vivienda”, ilustró Riera.

En el otro lado del ‘ring’ se situó Gomila, quien repasó algunos de los artículos más controvertidos de la nueva ley turística. “Costó, pero permiten el alquiler en plurifamiliares. El problema es que les conceden una licencia durante cinco años. Si solo me dan ese tiempo, como propietario tengo la incertidumbre de si me la van a renovar, por lo que no me está invitando a invertir en mejoras y ofrecer un producto de más calidad”, explicó.

Del mismo modo, expresó su confianza en que superada la moratoria se liberarán nuevas plazas. “El Consell nos garantiza que en enero habrá una presentación de la zonificación. Y esperamos que entre mayo y junio se podrán solicitar nuevas licencias. Ojalá, sino, será un agravio comparativo con otro sector de alojamiento tradicional”, advirtió, al tiempo que defendió la actividad. “Desestacionaliza y aumenta ingresos en el turismo de interior. Un día el alcalde de Maria de la Salut nos dijo que por primera vez había que pedir reserva en los restaurantes del pueblo. Y en Palma ha servido como elemento dinamizador. Lo que buscamos es una regulación justa”.

Gomila echó la vista atrás para recordar que esta controvertida actividad no es nueva. “No nos engañemos. Aquí el alquiler vacacional ha existido toda la vida. Hasta que mis padres tuvieron la capacidad económica para comprar una segunda residencia, nos íbamos de vacaciones de alquiler. Y el sector hotelero era el gran tenedor de apartamentos turísticos. Hay que recordar de dónde partimos”, reclamó el directivo de FEVITUR.

Franch esgrimió un discurso conciliador. “No creemos bandos o controversias que perjudican a nuestro gran producto. Llevo años estudiando esto y cuanto más leo, más dudas tengo”, indicó. “Alabo al Govern que, aunque a destiempo, ha hecho un esfuerzo por crear una normativa que da seguridad jurídica al sector”, elogió, aunque puso algún reparo: “Hay que ver cómo se adaptan los particulares a esta normativa, que por cierto es restrictiva. Se ha creado un clima de miedo en el sentido en el que los propietarios pueden pensar que les van perseguir”.

Franch llamó a no caer en enredos dialectales. “Superemos el debate de la economía colaborativa buenista donde había precios bajos. Ahora es un negocio de grandes empresas que como Airbnb lo están haciendo muy bien”, destacó.

Finalmente, el profesor de Derecho criticó la ausencia de acuerdo entre los principales actores del sector. “Me gusta la llamada al consenso, pero a la hora de la verdad no lo ha habido entre los políticos, operadores y la sociedad. Estamos muy fracturados. Hay un exceso de requisitos e impedimentos para los operadores que van a dar pie a recursos”, aventuró Franch.

La jornada terminó con la intervención de algunos asistentes al acto. Uno de ellos reprochó a Noguera que pusiera coto al turismo y en cambio no impidiera la llegada de inmigrantes.