El juez Sobrino, titular del juzgado de instrucción número 1 de Palma, ha abortado el intento del exconseller Jaime Martínez de quedar al margen del llamado caso Rocamar, una investigación por la que se intenta determinar si el Govern ubicado en el Port de Sóller.
Jaime Martínez, defendido por el letrado Jaime Campaner, intentó que el juez decidiera exculparle de este caso antes de la conclusión de la investigación, dado que entendía que esta causa tenía un marcado componente político, al iniciarse tras la denuncia de la portavoz del Grupo parlamentario socialista. Además, la defensa cuestionaba la actuación del perito que realizó un peritaje del edificio Rocamar, que fue adquirido por el Govern por unos 600.000 euros, precio que el juez cree que era muy superior a su valor real.
El caso Rocamar, precisamente, se centra en determinar si se pagó de más, dado que el Govern disponía de un peritaje de un arquitecto, que estableció el valor del inmueble en ruinas, determinando que de esta cantidad había que descontar el coste del derribo del edificio. Este informe técnico fue rechazado por el Consorcio de Turisme y se solicitó otro estudio a tres funcionarios de la propia conselleria. Estos técnicos establecieron un valor muy superior al que determinó el perito, alegando que no existía una declaración oficial de ruina del edificio. El Govern, finalmente, abonó el dinero que determinaron los funcionarios, es decir, alrededor de 600.000 euros. Después tuvo que desembolsar el coste del derribo de las ruinas. Uno de los beneficiarios de esta operación fue el que era en ese momento jefe de la inspección de Turismo, José Francisco Enseñat, dado que su padre tenía una deuda con el dueño del Rocamar y éste, al cobrar el dinero del Govern, pagó lo que debía.
El juez sospecha que esta decisión no fue casual y que los funcionarios, con la ayuda de Martínez, maniobraron para que el Govern pagara más dinero del que debía para beneficiar así a su compañero Enseñat.
El juez Sobrino explica los motivos jurídicos por los que entiende que no es este el momento oportuno para apartar del caso al exconseller Martínez. Pero no es el único argumento para rechazar su propuesta. El instructor utiliza un contundente auto que dictó hace unos meses la Audiencia de Palma, al pronunciarse sobre la petición de archivo que habían planteado los tres funcionarios de Turismo que están siendo investigado. El tribunal de la Audiencia ya estableció las más que sólidas sospechas de que hubo un doble pago por el derribo de este edificio, entendiendo que no era razón suficiente que no hubiera una declaración oficial de ruina para rechazar el informe del perito, dado que la situación de abandono del antiguo hotel Rocamar era más que evidente. Pero es que, además, la Sala recordó que uno de los funcionarios había realizado un informe, sin ni siquiera haber visitado el edificio de Sóller, lo que ponía en duda su actuación.
El instructor recuerda que Jaime Martínez estuvo presente en una reunión que se celebró en Sóller, precisamente para visitar el edificio que pretendía comprar el Govern y, casualmente, la comitiva terminó en el domicilio del que fuera jefe de la inspección de Turismo.
Edificio Sayonara
Otro de los argumentos que aporta la defensa del exconseller Jaime Martínez es comparar la compra del Rocamar con el edificio Sayonara. Sin embargo, el juez también lo rechaza. Explica en su auto que sobre este edificio de Palma existieron varias interpretaciones sobre su estado y su situación, y entiende el juez que no puede compararse para nada con el proceso seguido para comprar el antiguo hotel Rocamar.
El juez Sobrino, apoyándose en la última resolución de la Audiencia, ofrece una total credibilidad al perito González Nebreda y recuerda que este técnico, "por activa y por pasiva", declaró "de forma clara, precisa y contundente". El experto cuestionó, como así también ha determinado el tribunal, que no es de recibo que la administración tuviera que asumir dos veces el coste del derribo del hotel del Port de Sóller, cuando "la situación de ruina física era más que evidente, antes de que se procediera a la compra". No olvida tampoco el juez que Jaime Martínez, como miembro destacado del Consorcio de Turismo, era uno de los responsables en tomar la palabra para defender las decisiones que se adoptaban. "Era más que evidente, incluso para un profano, que del precio de la compraventa tenía que descontarse los gastos de demolición", concluye el magistrado.
