El Govern se ha marcado como objetivo crear 300 puntos de carga rápida para coches eléctricos a lo largo de toda Mallorca, conocidos también como electrolineras, a los que se sumarán 200 más en las restantes islas, dentro de un proceso que se pretende iniciar con fuerza durante el próximo año para concluir en 2022. Con este fin, se van a destinar 13 millones de euros, que se quieren obtener con la recaudación de la ecotasa. Para hacerse una idea del alcance de esta iniciativa, hay que señalar que la cifra de gasolineras en Mallorca es de unas 146.
El director general de Energía y Cambio Climático, Joan Groizard, enmarca esta iniciativa dentro del objetivo que se ha fijado para reducir los niveles de contaminación medioambiental, y recuerda que el transporte por carretera es el responsable del 35% de las emisiones de dióxido de carbono que se general en Balears. En este mismo contexto aparece la decisión de cerrar la central de carbón de Es Murterar, en todos los casos con la pretensión de que en 2050 el nivel de estas emisiones sea cero.
La intención es dar un fuerte impulso a la implantación del vehículo eléctrico en las islas, sin descartar que una parte de los usuarios opte por el de carácter híbrido (eléctrico más gasolina).
Joan Groizard pone de relieve que para ello es fundamental que los baleares dispongan de una red de puntos de carga lo suficientemente amplia como para saber que no van a tener problemas de movilidad con sus vehículos. Eso es extensible tanto para los coches privados como para los de empresa, los taxis o los autocares.
Por ello, la pretensión de la citada Dirección General y de la de Transporte es incorporar este proyecto a la financiación que procederá del impuesto turístico.
El plan es el siguiente: subvencionar la implantación de 300 puntos de carga rápida en Mallorca, 75 en Menorca, 75 en Eivissa y 50 en Formentera en un plazo de cinco años, aunque con un impulso especialmente intenso durante 2018, para que al cierre del próximo ejercicio ya estén en funcionamiento entre 150 y 200 de este total de 500 electrolineras. Hay que tener en cuenta que Cataluña es la autonomía con mayor implantación de este tipo de redes, y cuenta actualmente con algo más de un centenar de estas instalaciones de carga rápida, cuando en el archipiélago solo hay seis de momento.
Puntos en el sector privado
La intención inicial es subvencionar la implantación de las electrolineras y los costes iniciales de funcionamiento de aquellas empresas que quieran contar con uno de estos elementos, y aquí el abanico es enormemente amplio e incluso hay ya compañías que han expresado su deseo de hacerlo.
Como ejemplo, se apunta a las propias estaciones de servicio ya existentes como forma de ampliar su negocio, a los grandes comercios como ventaja para sus clientes, a los hoteles, o a las firmas de alquiler de vehículos. Hay que tener en cuenta que estas electrolineras venderán esas cargas eléctricas con el correspondiente beneficio, y pese a ello el precio final seguirá siendo notablemente más bajo que el de la gasolina.
Los últimos coches eléctricos que han salido al mercado disponen ya de una autonomía de 300 a 400 kilómetros, y una carga completa de gasolina puede llegar a ser de seis a 10 veces más cara que la eléctrica. Eso deja margen para que las empresas privadas tenga beneficio.
Además, se señala la posibilidad de que el propio Govern, incluidos los sanitarios, deportivos o educativos, de forma que estén disponibles en cualquier punto de Mallorca. Todo ello iría acompañado de una aplicación para móvil con la que localizar el punto de carga más próximo.
Un factor clave es que estos 500 puntos serán de carga rápida, es decir, los que permiten que en 20 minutos la batería esté al máximo, en lugar de las dos a tres horas que hace falta en los de carga semirápida de los que Balears ya cuenta con unos 300.
Para impulsar el transporte eléctrico se va a fijar también la implantación de dos o tres líneas de autocar regular interurbano con vehículos eléctricos, dentro de las nuevas concesiones que comenzarán a funcionar a partir del 1 de enero de 2019. La intención es que las rutas elegidas sean relevantes para reflejar la eficacia de este sistema.
