Educación

Un equipo de doce profesionales, entre médicos, enfermeras y técnicos, atenderá a 12.500 profesores

El nuevo servicio de riesgos laborales de Educación excluye a personal administrativo y auxiliares técnicos educativos

13.10.2017 | 10:46

El sector educativo público de Baleares contará con un servicio propio de riesgos laborales, que quedará conformado por un equipo de doce profesionales entre médicos, enfermeras y técnicos especializados en prevención, para atender a 12.537 profesores de la enseñanza pública. De forma unánime, los sindicatos han dado hoy su visto bueno al decreto de creación de este nuevo servicio, que finalmente no incluirá al personal no docente de colegios o institutos como el personal administrativo o los auxiliares técnicos educativos (ATE), pese a que en un principio Educación sí quería que pudieran beneficiarse.

Este nuevo servicio servirá para agilizar los trámites en cuanto a la salud laboral del profesorado; para realizar planes de prevención de riesgos laborales específicos; y supondrá que el personal docente pase revisiones médicas, cuya periodicidad dependerá del tipo de trabajo de cada especialidad docente: por ejemplo, se evaluará con más frecuencia el estado de salud de profesores de Secundaria o FP que realicen actividades en laboratorios o talleres que el de otros docentes. El decreto contempla que habrá una unidad de atención médica por cada 2.000 trabajadores.

Aún no está decidido dónde se ubicará físicamente este nuevo servicio, que podría estar ya operativo el próximo curso si logra completar todo el pertinente circuito de tramitación (mesa paritaria; Consell Consultiu...). Cabe recordar que la creación de este servicio fue pactada por la conselleria de Educación con los sindicatos firmantes del Acuerdo Marco de 2015, STEI-i y CCOO, y constituía una reivindicación histórica del sector. La pretensión inicial de la dirección general de Personal Docente era que el servicio pudiera estar ya operativo este curso.

Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) aprobada en 2005 cada empresa ha de ofrecer un reconocimiento médico a sus trabajadores al menos cada cinco años. Hasta ahora los profesores que deseaban evaluar su estado de salud debían tramitarlo a través de Función Pública. La mayoría no lo solicitaba y Educación por lo general no lo ofertaba, aunque sí tenía una coordinadora que atendía al personal del ámbito educativo en casos de embarazo o accidente laboral.

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