La lucha por unas condiciones dignas de los trabajadores de la Fundació BIT sigue en pie. El martes 17 de octubre en el Parlament y el viernes 27 de octubre frente al Consolat, reclamarán unas condiciones laborales dignas. Los paros serán de cuatro horas el día 17 y de tres horas el día 27.
El presidente del Comité de Empresa, David Sunyer, confirma que el próximo martes 17 de octubre pararán cuatro horas de las que pasarán dos y media concentrados frente a las puertas del Parlament balear. Asimismo, de las tres horas que prevén parar el último viernes del mes, también dos horas y media las pasarán concentrados frente a la sede del Ejecutivo autónomo tras la celebración del Consell de Govern.
Una de las principales reivindicaciones de los trabajadores es que casi un tercio de la actual plantilla, en torno a cien empleados, perciban unos complementos por antigüedad que hasta ahora no cobran en lo que, en su opinión, es una clara discriminación frente al resto de sus compañeros. Y Sunyer recordó que se está hablando de una remuneraciones que no superan los 800 euros mensuales con las pagas extra ya prorrateadas en ellas.
Parece que desde que el conflicto se ha hecho público el único punto de interés por parte de la empresa es desarrollar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), de la cual, después de varias reuniones en las que se han comunicado importantes errores de calado en la misma, la representación de los trabajadores no ha visto ninguna versión corregida, a pesar de que se nos indica estar de acuerdo en realizar modificaciones.
El Comité, que participa en la revisión del documento realizado por la empresa, ve indispensable que dicho documento se ajuste a la realidad del empleado público de la administración, tanto a nivel organizativo como salarial, y no legitime el empleo precario dentro la empresa ni cree puestos a conveniencia de algunos.
El Comité no entiende como se pretende que un documento que ha costado 35.000€ y ha tardado nueve meses en ver la luz, tenga que rehacerlo la representación de los trabajadores prácticamente en un par de semanas para luego derivar la responsabilidad de las alegaciones a los trabajadores. Adaptar la realidad de un empleado público con la ayuda de los sindicatos hubiese sido más fácil y barato para el contribuyente.
Además la solución a otros problemas no pasa por susodicho documento, más aun cuando este esta supeditado a la aprobación de terceros. Parece que el Govern nos aboca a denunciar masivamente los contratos en fraude de ley y así dejar a los juzgados el trabajo, esperando así posiblemente dos años a una respuesta a una situación que todo el mundo reconoce como irregular.
El Comité de Empresa seguirá trabajando a plena capacidad para negociar una salida a esta situación que no gusta ni conviene a nadie. Tanto sus miembros como los representantes de los sindicatos están a la absoluta disposición de aquellos que tienen en sus manos la capacidad de poner fin a este conflicto.
