El Institut Mallorquí d´Afers Socials (IMAS), organismo dependiente del Consell de Mallorca en la gestión de las residencias geriátricas, reconoce que deberá "mejorar" el régimen disciplinario que se aplica a los ancianos internos. El actual régimen solo contempla la expulsión en casos muy graves y sanciones económicas y no incluye castigos como, por ejemplo, prohibir la entrada en el comedor, tal y y como ha publicado este periódico. Javier de Juan, vicepresidente del IMAS reconoció que será preciso estudiar el reglamento.

Por su parte, desde el PP, la consellera insular y expreisdenta del IMAS Catalina Cirer, también instó al Consell de Mallorca a modificar el reglamento. "Aplicar sanciones que no están contempladas en el reglamento interno puede acarrear decisiones arbitrarias". Cirer se ofreció para que el Consell impulse la redacción de un reglamento claro para afrontar las indisciplinas en los centros geriátricos. Cirer reconoció que en la mayoría de los casos se trata de personas con problemáticas sociales difíciles.

La residencia geriátrica de la Bonanova, centro que alberga a más de 450 personas mayores, está aplicando castigos a ancianos cuando protestan o tienen conductas poco adecuadas. Uno de los ancianos ha estado una semana sin poder acudir al comedor porque protestó airadamente de la calidad de la comida, mientras otra anciana tuvo prohibido acudir al bar y a la peluquería al quejarse de los altos precios.

Ninguno de estos castigos está contemplado en el Reglamento de Régimen Interior del geriátrico. Este reglamento habla de sanciones económicas, traslado de centro o incluso expulsión. No hace ninguna referencia a castigos disciplinarios en forma de prohibición. Tampoco en el Institut Mallorquí d´Afers Socials (IMAS).

Desde el IMAS explicaron que se aplicaban este tipo de castigo, ya que la expulsión o una multa económica a una persona con un perfil social precario, no daba resultado. Se les enviaba a otro centro público y el problema se mantiene. También apuntan que la mayoría no tienen dinero para pagar sanciones económicas. Por ello, reconocen que deberán cambiar el régimen disciplinario y de convivencia.