El Ayuntamiento de Palma alquiló durante la última legislatura del PP en Cort un piso por 2.900 euros al mes a la exdiputada del partido en el Congreso María Valls, cuyo hijo trabajaba entonces en la gerencia de Urbanismo municipal. Lo hizo a través de la Fundación Turismo Palma de Mallorca 365, presidida por el entonces alcalde, Mateo Isern, y en la que participaba una de las empresas de Miguel Pascual, imputado en la causa de corrupción. La investigación de la Policía Nacional apunta a que la adjudicación se hizo 'a dedo' tras establecer unas condiciones a medida para ese inmueble y que el precio estaba muy por encima del mercado.
En un oficio del grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía se considera que la licitación del alquiler establecía una serie de condiciones excesivamente restrictivas. El anuncio reclamaba un inmueble de entre 260 y 500 metros cuadrados, en la zona de Cort, para destinarlo a oficinas municipales. Inicialmente el Ayuntamiento se mostraba dispuesto a pagar 2.100 euros al mes, cantidad que ascendió a 2.900 unos días después. A los agentes les llama la atención que la propuesta de Valls coincida exactamente con esa cifra y que esta sea claramente superior al precio medio de mercado de la zona.
La Policía comprobó en abril de 2015 que el inmueble en cuestión, situado en la calle Victoria, no estaba abierto al público y que solo una pequeña placa en el portal daba cuenta de su actividad. Los investigadores encontraron en el piso, reconvertido en oficinas, solo a cuatro trabajadores y sostienen que había "espacio desaprovechado".
Los agentes del grupo de Blanqueo de Capitales destacan también en su oficio que en el momento de formalizarse el alquiler trabajaba en la gerencia de Urbanismo un hijo de Valls. Además, resaltan que a la Fundación Turística Palma de Mallorca 365 se unió en septiembre de 2013 como patrono la empresa Hoteles Pabisa, uno de cuyos propietarios, Miguel Pascual, está imputado en la causa de corrupción por numerosos delitos.
