En un informe de más de 700 folios, la Policía ha pedido al juez Penalva que acuerde la imputación de casi 60 políticos o funcionarios, que estarían, o bien implicados, o bien habrían permitido la corrupción en la Policía Local de Palma, que ha terminado en la trama del llamado caso Cursach. Una lista de nombres en el que destaca, además de José María Rodríguez, expresidente del PP de Palma y el diputado Álvaro Gijón, ambos ya imputados en la causa, la presencia de la exalcaldesa de Palma, Catalina Cirer, sobre la que se sugiere que se le impute un delito de prevaricación.

Este informe desgrana todas las maniobras ilegales que se habrían cometido durante años, no solo en la administración de Palma, sino también en el Govern balear, que habrían terminado con la creación de una organización corrupta controlada por José María Rodríguez. Destacan nombres como el de Evelio Antich, delegado del Gobierno provisional; Guillermo Navarro o Irene San Gil, concejales de Cort, o Joan Feliu, histórico jefe de la Policía Local de Palma, o jefes de la Policía Local, como Mut o Vera. En la lista de nombres que propone la Policía para su posible imputación figuran la mayoría de representantes sindicales que ha tenido la Policía Local, así como otros cargos de la administración. Se propone que se les impute por varios delitos, como el tráfico de influencia, la prevaricación, la administración desleal, la malversación o las negociaciones prohibidas. Para los investigadores, estas 58 personas nombradas en su contundente informe habrían tenido algún tipo de relación con la "organización criminal" que, "de forma premeditada y totalmente dolosa" se habría organizado, sobre todo, en el Ayuntamiento de Palma. Una planificación corrupta que habría orquestado, según destacan los investigadores del Grupo de Blanqueo, por José María Rodríguez. La Policía tiene muy claro que el exdelegado del Gobierno colocó a personas de su máxima confianza en los puestos claves de la administración que le interesó controlar, sobre todo gracias a las buenas relaciones que ha tenido con los representantes sindicales que, según los investigadores, se convirtieron en aliados de Rodríguez en la organización de esta trama corrupta. "Se consiguió controlar totalmente determinados puestos de la administración, claves para sus intereses" del político. Personas, colocadas la mayoría a dedo dentro de la administración, que "debían obediencia a Rodríguez" y se "encontraban controladas por la organización criminal".

Ayuntamiento corrupto

La mayor parte del análisis policial del Grupo de Blanqueo se refiere a los hechos delictivos que ha descubierto dentro del Ayuntamiento de Palma, si bien esta situación podría extrapolarse "a otras administraciones de Balears", se concluye. Dentro de las actuaciones corruptas que se describen en este informe se señala, por ejemplo, el amaño y la sobrevaloración de contratos de asesoramiento. También destaca que se negociaron de forma irregular aumentos de sueldo, se crearon unidades policiales con fines políticos o se anularon, por personas que no estaban legitimadas para ello, órdenes dictadas por jueces. Se amañaron oposiciones presididas por personas controladas por Rodríguez, o se colocó a personas de su confianza en puestos de mando o con acceso a importantes fuentes de información, con "la aquiescencia de sus responsables políticos". El informe critica con dureza la actuación de los representantes sindicales, que con "su silencio cómplice", y con dinero, permitieron el control que logró Rodríguez sobre el Ayuntamiento. Todas estas conclusiones se detallan para explicar los pasos que se han dado para descubrir la llamada trama Cursach, que no es más que la demostración de cómo un empresario, con la ayuda de los políticos influyentes, ha logrado controlar a la Policía Local, perjudicando a los empresarios de la competencia, para hacerse con el control del negocio del ocio.

En el caso de Rodríguez, refiriéndose a su poder en el Ayuntamiento de Palma, la Policía tiene muy claro que el político de PP consiguió controlar a funcionarios de máximo nivel, como podrían ser el secretario, el jefe de servicios jurídicos, el interventor o el responsable del área de recursos humanos, así como a los jefes de la Policía Local, que él mismo sitúa. Todos ello, unidos, a "un séquito de funcionarios" afines a los intereses de Rodríguez.