El Govern quiere concertar los servicios de atención social que existen en los juzgados de Baleares, y eliminar el sistema de subvenciones actual mediante el cual la Fundació IRES lleva 30 años atendiendo a las personas inmersas en procesos judiciales. Esta fundación sin ánimo de lucro centra su trabajo en la reinserción social y laboral de personas condenadas, pero su función hoy día va mucho más allá, ofreciendo terapias, programas de acompañamiento o formación; tocando varios ámbitos y problemáticas (de temas de salud mental a la atención a la víctimas de violencia de género); y buscando atender acusados, condenados, víctimas, denunciantes o testigos.
La Audiencia de Palma ha acogido hoy un acto de celebración por el aniversario de esta entidad sin ánimo de lucro, durante el cual la consellera Fina Santiago ha anunciado esta posibilidad de concertar el servicio, abonando una cantidad fija cada año durante una serie de años en vez de tener que depender de una subvención que puede ir variando año a año. Santiago ha sido una de las muchas voces que ha aprovechado el acto de hoy para agradecer al IRES su labor y entrega durante todos estos años, en los que ha atendido a casi 19.000 personas.
De estas 18.920 personas atendidas desde 1987, la mayoría (8.810) recibieron atención relacionada con su proceso judicial y 7.544 necesitaron ayuda por cuestiones relacionadas con violencia familiar o de género (servicio en el que esta fundación se ha especializado desde 2008). En 1998 se activó el trabajo por la inclusión sociolaboral y desde entonces se han beneficiado 2.349 personas. Por último, en el ámbito de infancia y familia IRES ha atendido a 217 familias.
El año pasado, la fundación recibió a 430 personas. La mayoría de beneficiarios (un 82%) eran hombres; un 41% estaba en el paro; un 27% tenía un nivel de estudios muy bajo; cuatro de cada diez eran adictos a alguna droga (sobre todo cocaína) y un 23% tenía problemas de salud mental (muchos, de salud mental). En estos 30 años de existencia, el perfil de usuario ha cambiado: antes eran mucho más jóvenes (ahora la media de edad es de entre 36 y 45 años) y predominaba el consumo de heroína como principal problemática.
Así lo ha indicado Aina Capellà, directora Territorial de la Fundació IRES en Balears. Otra de las personas que ha intervenido en la celebración ha sido Carles Gómez, magistrado de la Audiencia y principal impulsor hace 30 años de la presencia de los asistentes sociales en los juzgados. Gómez ha recordado esos inicios y especialmente ha querido mencionar a Àngela Tomás, que por aquel entonces era directora provincial del INSERSO y cuya colaboración hizo posible la puesta en marcha del Servicio de Atención Social en los Juzgados (SASJ), dependiente de IRES. Tanto Gómez como Tomás han recibido un obsequio por su labor.
